Todos los edificios públicos dependientes del Ayuntamiento de Parla podrían quedarse sin suministro eléctrico el próximo lunes, 13 de julio, debido a una deuda de más de 10 millones de euros que mantiene el consistorio con la empresa de eficiencia energética Cofely, adjudicataria de la gestión del alumbrado público y encargada de pagar la factura a Iberdrola, que a su vez suministra electricidad a la ciudad.
Así lo ha confirmado el alcalde, Luis Martínez Hervás, que ha explicado que tras su llegada al gobierno han encontrado facturas impagadas y no reconocidas ni firmadas a la empresa Cofely que datan de los últimos ocho meses y cuyo importe supera los diez millones de euros.
Esto ha motivado que la multinacional anunciara que dejará de pagar a Iberdrola y pidiera el pasado 8 de junio la suspensión del contrato en el plazo de un mes, algo que según el regidor parleño se ha conseguido evitar para continuar con reuniones constantes entre ambas partes y llegar a una solución que impida el corte en el suministro eléctrico.
n este sentido Martínez Hervás ha indicado que si finalmente se produjera ese corte no afectaría al alumbrado público, ya que por ley las empresas están obligadas a garantizarlo, aunque sí dejaría sin electricidad a todos los edificios públicos, por lo que se quedarían sin ordenares, iluminación o aire acondicionado tanto el Ayuntamiento como las instalaciones de Policía Local, los centros culturales, los colegios en los que se desarrollan campamentos urbanos o las instalaciones deportivas.
Por tanto continúan las negociaciones para intentar "reconocer el mayor número de facturas posibles" y alcanzar un compromiso de pago, ya que en la actualidad sería "imposible" saldar totalmente la deuda, aunque el alcalde agradece la "actitud de excelente voluntad negociadora" de Cofely para llegar a un acuerdo.
OPERACION PUNICA
El contrato con Cofely fue adjudicado el 28 de junio de 2013 por más de 66 millones de euros para que gestionara el servicio del alumbrado público durante quince años, pero en el mes de octubre fueron detenidos, en el marco de la operación Púnica, tanto el exalcalde José María Fraile como varios exdirectivos de la empresa encargados de firmar dicho contrato.
Desde entonces no se han pagado las facturas a la empresa por su trabajo, a pesar de que según el alcalde ha habido varios requerimientos de Intervención para efectuar los pagos, que sin embargo no fueron autorizados por ningún concejal de la anterior corporación.
En este sentido Martínez Hervás ha explicado que ninguno de los responsables del contrato investigado por la Justicia se mantiene en su cargo y que de hecho las presuntas irregularidades afectaban "a una supervisión de las actividades de la empresa, no a los trabajos que realiza la empresa" en Parla, que han "disminuido la factura del Ayuntamiento en un importe considerable, de ahí el empeño que tenemos en mantener a esta empresa".
