Los ex alcaldes socialistas de Ciempozuelos Pedro Antonio Torrejón y Joaquín Tejeiro declararán mañana en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid por los presuntos delitos continuados de blanqueo de dinero, cohecho y falsedad en documento público.
El juicio comenzó con las cuestiones previas a principios de diciembre, cuando los abogados de la defensa pidieron la suspensión de la vista oral, que fue desestimada por el juez.
La Fiscalía Anticorrupción pide multas millonarias para siete de los doce imputados por el caso "Ciempozuelos", así como para siete empresas presuntamente implicadas en esta causa.
En su escrito de calificaciones provisionales, Anticorrupción solicita siete años de cárcel y multas por valor de 29 millones para Pedro Antonio Torrejón y seis años y medio de cárcel y multas por valor de 23 millones para Joaquín Tejeiro.
El fiscal, José Grinda, acusa a Tejeiro -alcalde entre 1991 y 1995- y a Torrejón -desde 2003 hasta 2006- de delitos continuados de blanqueo de dinero, cohecho y falsedad de documental.
Según el relato del Ministerio Público, el 4 de febrero de 2006 Torrejón y Tejeiro abrieron una cuenta cifrada cada uno en el banco andorrano "Andbanc", donde el primero ingresó 11.500 euros y el segundo 6.000.
La Fiscalía considera que Torrejón y Tejeiro viajaron a Andorra con la intención de "ocultar una parte del dinero que durante años habían estado recibiendo de particulares en consideración a sus cargos públicos".
En concreto, ambos recibieron el dinero en relación a las decisiones en las que debieron participar como miembros del equipo de gobierno y del Ayuntamiento de Ciempozuelos.
Los exalcaldes socialistas obtuvieron alrededor de ocho millones de euros de constructoras con intereses urbanísticos en Ciempozuelos como Sanedi, Edificaciones Tifan y Bitango Promociones desde 1999 hasta 2007, precisa el fiscal.
Las imputaciones están relacionadas con un supuesto pacto de una comisión de 40 millones de euros entre Tejeiro y la inmobiliaria Esprode por la recalificación urbanística de un sector del municipio incluido en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aprobado provisionalmente por el Consistorio, y con Torrejón como alcalde.
A raíz de este caso, el Partido Socialista de Madrid forzó la dimisión de Pedro Torrejón como alcalde.
