El exdirector gerente del extinto Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), Juan Van-Halen, ha declarado que únicamente cumplía órdenes del Gobierno de la Comunidad de Madrid, encabezado entonces por Ignacio González, en la venta de más de 2.900 viviendas al fondo de inversión Azora-Goldman Sachs.
Así lo ha indicado el abogado de la asociación de afectados por la venta de viviendas, José Luis Muga, tras declarar el exdirector general de Arquitectura del Ministerio de Fomento en calidad de investigado en el Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid a raíz de la investigación tras denuncias del PSOE-M y de afectados.
El juez citó a Van-Halen como investigado -lo que lo llevó a dimitir de su responsabilidad en Fomento- después de que su sucesora al frente del Ivima, Ana Gomendio, se autoexculpara en este caso con el argumento de que el proceso de licitación fue iniciado por Van Halen y ella se limitó a firmar algo que ya estaba cerrado.
Van-Halen ha alegado hoy, según ha relatado Muga a los medios de comunicación, que la mayoría de las personas que han intervenido en este procedimiento son responsables de las diversas situaciones que han ocurrido y que existe un reparto de responsabilidades.
Asimismo, siempre según Muga, Van-Halen ha insistido en que la venta de viviendas del Ivima no fue una decisión tomada por él, sino por el Consejo de Gobierno, por lo que se trataba de una decisión puramente política y únicamente cumplía órdenes.
OBTENER INGRESOS PARA EL IVIMA
El abogado de la acusación particular ha indicado que Van-Halen ha puesto de manifiesto que la venta del las 2.935 viviendas se produjo por un único motivo, el de obtener financiación para el Ivima en una etapa en la que el instituto tenía pocos recursos. "Se trataba de conseguir ingresos sin tener en cuenta la situación en la que iban a quedar los inquilinos con o sin opción de compra de esas 32 promociones", ha defendido Muga.
Según el abogado, las 32 promociones objeto de la venta se enajenaron a un precio al 50 por ciento del que se habrían vendido si los inquilinos hubiese ejercido la opción de compra de sus contratos. A su juicio, si se hubieran enajenado por lotes "se habría obtenido más dinero".
A raíz de la declaración del exgerente del Ivima, los afectados pedirán otras una serie de informes que se elaboraron para iniciar el procedimiento de enajenación citados por Van-Halen y que no constan en el Juzgado.
El portavoz de los denunciantes ha considerado que las explicaciones de Van-Halen son "muy deficientes" porque no se ha tenido en cuenta la situación en la que han quedado los afectados. "Se han quedado sin bonificaciones, sin reducciones de renta, muchos de ellos no pueden adquirir las viviendas, han sido desahuciados y otros han tenido que abandonar las viviendas", ha subrayado.
VENTA DE 32 PROMOCIONES A AZORA
El juez investiga desde 2014 la operación de venta de pisos del Ivima a raíz de las querellas interpuestas por el PSM (hoy, PSOE-M) y por afectados por presunta malversación de fondos públicos y prevaricación en la venta de 32 promociones de viviendas sociales autonómicas.
En diciembre de 2014, el juzgado pidió un informe a la Policía Judicial para determinar si existen indicios de enriquecimiento de responsables de la Consejería en la operación.
Desde un primer momento, el entonces responsable de Vivienda de la Comunidad de Madrid Pablo Cavero explicó que la venta de las 32 promociones a Azora, por un total de 201 millones de euros, superó en 32 millones la tasación inicial, de 168,9 millones de euros.
Según el consejero, la venta se produjo dentro de un "proceso transparente" al que se presentaron 14 firmas interesadas y que ganó la empresa Azora por tratarse de "la mejor oferta".
Cavero respondió así a las acusaciones del entonces secretario general del PSM, Tomás Gómez, que en septiembre de 2013 pidió al Gobierno regional que aclarase "las relaciones económicas y empresariales" de Cavero y su familia con el grupo Goldman Sachs.
