Podemos y CCOO de Madrid ha presentado este viernes ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid de este año por usar "torticeramente" la norma, al eliminar "la acción social y la negociación colectiva".
El grupo parlamentario de Podemos Comunidad de Madrid, el grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y CCOO de Madrid han acudido al Alto Tribunal para denunciar que el Gobierno regional no ha respetado el Estatuto Básico del Empleado Público "que exige unas limitaciones para poder aplicar esos recortes", como una situación, ha dicho, "de excepcionalidad económica" que no se ha dado en la región. Así lo ha subrayado la diputada regional Elena Sevillano, que ha criticado que el PP utilice "ilegalmente" esta ley de presupuestos "para introducir modificaciones legislativas que no corresponden" a esta norma, eliminado la acción social a través del articulado".
Podemos y CCOO denuncian que la Ley de Presupuestos de 2019 incluye la aplicación al personal del sector público de la Comunidad de Madrid suspensión "de cualquier previsión relativa a la percepción de beneficios sociales, gastos de acción social y de todos aquellos de naturaleza similar, tanto en metálico como en especie, que tuvieran su origen en acuerdos, pactos, convenios y cláusulas contractuales suscritos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 12/2017".
En el recurso, al que ha tenido acceso EFE, Podemos y CCOO declaran la "inconsitucionalidad de las medidas suspensivas de la negociación colectiva adoptadas mediante las mencionadas disposiciones" dentro de la Ley de Presupuestos de 2019, "eludiendo los instrumentos previstos en la norma estatal para la adopción de tales medidas".
Alegan que el Estado es quien tiene competencia "para establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos, expresión que ha de entenderse referida a los de todas las Administraciones públicas", por lo que tendría que incluir "la regulación mediante norma estatal de los procedimientos y las causas de inaplicación de la propia negociación colectiva de los empleados públicos". "Las comunidades autónomas, por tanto, carecen de competencias para regular de modo distinto", señala el recurso.
También menciona que la Constitución establece "una garantía de efectivo cumplimiento de lo pactado por las representaciones de los trabajadores y empresarios a través de la atribución al contenido de los convenios colectivos de su necesaria fuerza vinculante".
La diputada regional ha reprochado que PP y Ciudadanos no hayan querido "corregir esta situación de ilegalidad" con las enmiendas al articulado que presentó Podemos. "(PP y Ciudadanos) hablan bien de los empleados públicos habitualmente pero con estas cosas les tratan muy mal, saltándose la legalidad y la Constitución", ha comentado Sevillano, que ha recordado que recientemente se ha firmado el convenio colectivo para el personal laboral y los funcionarios después de 14 años y la ley de presupuestos podría dejarlos "sin efecto".
