Trece personas que piden las exhumaciones de familiares que se encuentran en el Valle de los Caídos han firmado un escrito en el que reclaman a Naciones Unidas la presencia de observadores internacionales en el proceso ante el "alto riesgo de ocurrir violación de los derechos humanos" en España. El abogado de las familias, Eduardo Ranz Alonso, ha confirmado este escrito enviado al organismo internacional ante las actuaciones técnicas preliminares para establecer la viabilidad de acceso al piso tercero de la Cripta del Sepulcro de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.
E letrado recuerda que el pasado 23 de abril se retomó el trabajo preliminar para valorar la viabilidad de las exhumaciones "impidiendo el acceso de las familias que tenían el derecho reconocido a la exhumación". "También a propuesta de esta parte, Patrimonio Nacional expresó su negativa a la persona del Dr. Etxeberría Gabilondo. Previo a la entrada, el prior había sido denunciado por un delito de desobediencia, por el cual se le pedía que fuera condenado a trabajos de exhumación", ha recordado.
En este sentido, Ranz subraya que Patrimonio anunció la "gran complejidad" de identificación y exhumación de los restos cadavéricos de los hermanos Lapeña "sin que las familias tengan la menor información probatoria". "Patrimonio, en su nota, obvia cualquier mención a las dos familias pertenecientes al mal llamado bando nacional", explica.
Asimismo, el abogado critica la decisión de la organización de anunciar un "nuevo proceso judicial" antes de conocer las conclusiones del equipo técnico, por posibles oposiciones de terceros. "Aplicando dicha interpretación, no sería posible exhumación alguna en el mundo, en una fosa en la que hubiera más de un cuerpo, e igualmente no sería posible la exhumación de quien hubiera sido fallecido o ejecutado sin descendencia que pudiera reclamarle", añade.
Ranz asegura desconocer "cuantas denuncias, demandas o sentencias" hacen falta para llevar a cabo "algo tan obvio como cerrar una herida sangrante".
