La Asamblea de Madrid aprueba la Ley de Empresa Familiar, que incluye incentivos fiscales

La Asamblea de Madrid ha aprobado este jueves en el último Pleno del periodo de sesiones la Ley de Empresa Familiar, que busca fomentar el relevo y la supervivencia de estas compañías. La normativa busca fomentar el relevo generacional e incluye incentivos fiscales en Sucesiones y Donaciones, amplía los parientes que pueden acogerse y permite además que se traspase a un trabajador que haya tenido funciones directivas y tenga un vínculo con la compañía. Entrará en vigor este próximo mes de julio.

Por parte del PP, la diputada Elisa Vigil ha asegurado que la misma es apoyada "por las principales asociaciones" de empresa familiar, además de aludir al "problema en el relevo generacional" que sufren los pequeños y medianos comercios. "Aquí no se está teniendo en cuenta que una clínica dental, solo por el material que tiene esa clínica dental, que puede superar los 300.000 euros, tiene que pagar unas cuotas increíbles en el caso que eso se produzca la sucesión de la empresa", ha afirmado, a la vez que ha asegurado que se promueve que la sucesión sea "sencilla" para "facilitar y agilizar para seguir dando trabajo".

En cambio, desde Vox, Ana Cuartero ha señalado que para combatir políticas "marxistas y globalistas" hay que "proteger a las empresas españolas de la persecución de los gobiernos". "Hay que hacer mucho más, consejera", ha instado Cuartero, quien ha tachado de "pequeña" la reducción de la base imponible que contempla esta ley. Considera que se podría perder "otro de los pilares de la soberanía" española si se deja "el 100% de la economía en manos de grandes empresas que se erigen en poderes fácticos" y los gobiernos "elegidos democráticamente se convertirán en simples marionetas".

Por el PSOE ha intervenido Agustín Vinagre, quien considera que el objetivo de esta ley no es "el apoyo a las empresas" sino "ampliar beneficios fiscales, especialmente para algunos". "No confundamos relevo generacional con transmisión patrimonial", ha lanzado tras reivindicar que la empresa familiar "merece algo mejor que ser utilizada" para aprobar "otra rebaja fiscal". Entiende el diputado que tener "políticas fiscales tan regresivas" evita que contribuyan los que más tienen en una región con "listas de espera sanitarias, problemas de acceso a la vivienda y déficit de profesionales públicos".

Desde Más Madrid, Beatriz Borrás ha defendido que la norma de los 'populares' no soluciona "ni un poquito" el problema de estos pequeños negocios, que afrontan dos problemas fundamentales, el precio de los alquileres y la "proliferación masiva de grandes cadenas". Asegura que se enfrentan a un "competencia completamente desleal" por parte de granes franquicias con "patrimonios inmensos" a los que el Gobierno regional le está "poniendo la alfombra roja con leyes como esta".

REBAJAS FISCALES Y SIMPLIFICACIÓN DE REQUISITOS DE ACCESO

La principal novedad es que, en los supuestos de adquisición por herencia o donación de una empresa individual, un negocio profesional o participaciones sociales, la reducción de la base imponible se eleva del 95% al 99%, siempre que el nuevo titular mantenga los bienes en su patrimonio y continúe con la actividad económica durante los cinco años siguientes.

La nueva normativa amplía significativamente el alcance de los parientes que pueden aplicarse estas mejoras respecto a la legislación estatal. Así, además de los descendientes y cónyuges, se incorporan como beneficiarios a ascendientes y colaterales de segundo y tercer grado (hermanos, tíos y sobrinos), así como a los primos (colaterales de cuarto grado).

Se extiende, de la misma manera, a trabajadores que tengan una especial relación con la empresa, con diez años de antigüedad y que hayan ejercido funciones de dirección durante los últimos cuatro.

Asimismo, se simplifican los requisitos de acceso, eliminando exigencias como la edad mínima de 65 años del donante o la consideración de la actividad como principal fuente de renta. Se estima que estas medidas beneficiarán anualmente a unos 1.500 contribuyentes madrileños, generando un ahorro fiscal aproximado de dos millones de euros al año.