La Sección 30 de la Audiencia Provincial de Madrid celebra desde este martes hasta el viernes 2 de febrero el juicio con Jurado Popular contra Angel Luis V.J. por un delito de asesinato, ya que supuestamente mató a un hombre tras dispararle casi en una veintena de ocasiones y echar su coche de la carretera. Hoy, en la primera sesión, su abogado ha adelantado que no va a declarar, sÍ ha repetido lo que el acusado dijó durante la instrucción. Pensaba que la victima, un marroquí de 39 años, era un yihadista.
El abogado de Angel Luis V.J., un guardia civil acusado de echar de la carretera el coche de un ciudadano marroquí y dispararle hasta en 17 ocasiones hasta su muerte, ha defendido que su cliente actuó así porque "pensaba que se trataba de un peligroso terrorista islamista que iba a atentar". Así lo defiende en su escrito de defensa el letrado del agente de la Guardia Civil, leído este martes en la primera sesión del juicio, que se ha limitado a las alegaciones y a la lectura de las conclusiones previas de la fiscal, la acusación particular, la Abogacía del Estado y la propia defensa del acusado. Este miércoles se procederá al interrogatorio de Angel Luis V.J.
"Estaba convencido de que era un peligroso terrorista islamista, preso de pánico hizo un acto heroico y le pegó un tiro en la sien porque pensó que iba a inmolarse", relata en sus conclusiones previas el letrado defensor.
Siempre de acuerdo con este escrito, el hermano del acusado, "que también era guardia civil y al que idolatraba", murió cinco años antes. Además, una semana antes de los hechos lo dejó con su pareja y se fue a dormir a casa de su hermano. "Todos los recuerdos en su vivienda y esta ruptura le produjo delirios", apunta.
A esto habría que añadirle el consumo "habitual" de hachís y la "sensación grave de la amenaza por el terrorismo islámico en Europa". "El acusado pensaba que estaba elegido para abortar un atentado fruto de todas sus circunstancias", recoge el escrito.
Centrándose en el presunto asesinato, el abogado defensor asegura que el fallecido circulaba en su turismo "de manera lenta y con mucho equipaje". Después, una vez que se pusieron en paralelo, "el marroquí lo desafió con su mirada y le dio pánico".
"Pensaba que era un terrorista, intentó detenerlo por todos los medios. De ahí los disparos al coche o cuando salió corriendo", apostilla el letrado, que ha terminado añadiendo que le disparó en la sien cuando ya estaba en el suelo porque "empezó a invocar a Alá con cánticos y creía que iba a inmolarse con un cinturón de explosivos porque bajó su mano hacia la cintura".
Por todo ello, considera que no es responsable de un delito de asesinato, sino de homicidio con los atenuantes de trastorno mental transitorio, miedo insuperable y actuar bajo la influencia de las drogas. En total, reclama que si es condenado se enfrente a 3 años de prisión. Alternativamente, si se califican sus actos como asesinato, ha pedido que "como mucho" la pena se quede en 7 años y seis meses.
Además, el abogado del guardia civil ha explicado que tres días antes de lo ocurrido llegó a apuntar con el arma y pedir la documentación a otros magrebíes que estaban estacionados en un colegio de Arganda del Rey y cerca de un mercadillo. "Sentía que tenía que prevenir un atentado yihadista", ha concluido.
UN TOTAL DE 17 DISPAROS
Tal y como relata el representante fiscal en su informe de calificación provisional elevado a la Sala, el acusado, de 31 años de edad, agente de la Guardia Civil en situación de baja médica por una lumbalgia desde el 19 de abril de 2016, pero al que no se le había retirado el arma reglamentaria, se puso a los mandos de su vehículo sobre las 7.30 horas del 25 de abril de ese mismo año.
Angel Luis, vestido de paisano y encontrándose bajo una psicosis tóxica por haber consumido hachís, cogió su automóvil y se puso a circular por la A-3, provisto de su arma reglamentaria y de un machete de 45,5 centímetros de hoja atado a su espalda y oculto entre sus ropas.
Al llegar al punto kilométrico 68, perteneciente a la madrileña localidad de Fuentidueña del Tajo, el acusado provocó, siempre según la versión de la Fiscalía, un incidente de tráfico con otro turismo, conducido por un hombre de 39 años de edad y de nacionalidad marroquí.
El acusado, con el ánimo de acabar con la vida del magrebí, se colocó en paralelo a la altura del otro vehículo y, sacando su arma reglamentaria a través de la ventanilla, le disparo en dos ocasiones, al tiempo que intentaba echarle de la carretera embistiéndole repetidamente con su automóvil.
El acusado finalmente provocó que, debido a su conducción temeraria y agresiva, el vehículo del ciudadano marroquí impactara contra el quitamiedos y saliera éste corriendo pidiendo ayuda a los conductores que circulaban por la vía.
Ante ello, el acusado se tiró de su vehículo en marcha y comenzó a perseguir a pie a su víctima, disparándole hasta en 14 ocasiones, y llegando a alcanzarle hasta en seis ocasiones en distintas partes del cuerpo. Cuando el herido cayó desplomado al suelo, el acusado se acercó y a un metro y medio de distancia le apuntó a la sien y nuevamente le descerrajó otro disparo, atravesándole la cabeza, lo que le provocó la muerte instantánea.
El fallecido dejó dos hijos menores de 5 y 7 años de edad, mientras que el acusado se encuentra en una situación de prisión provisional por estos hechos desde el mismo día.
HASTA 25 AÑOS DE CARCEL
El Ministerio Público, que entiende que concurre la circunstancia atenuante analógica de alteración psíquica, solicita una pena de 21 años de prisión para él por el delito de asesinato con alevosía y ensañamiento.
La fiscal solicita, además de la pena de prisión, una indemnización en concepto de daños morales de 145.000 euros del acusado para la viuda del fallecido y sus dos hijos, además de otros 1.925 euros por los daños ocasionados en el vehículo. También solicitan que el Estado sea condenado como responsable civil subsidiario por "matar a un ciudadano inocente con un arma reglamentaria en vía pública".
Por su parte, la acusación particular, integrada por los familiares del ciudadano marroquí fallecido, reclama 22 años por el mismo delito y las mismas circunstancias que la fiscal, sin embargo, también le imputa un delito contra la seguridad vial (3 años y seis meses) y daños (12 euros al día durante un año).
En cuanto a las indemnizaciones, piden que tanto el Estado como el acusado abonen las siguientes cifras económicas: 300.000 euros para la viuda, 400.000 para cada uno de sus dos hijos, 300.000 para los padres y 350.000 a repartir entre sus siete hermanos. También se añade a los 1.925 euros por los daños en el vehículo.
