Inquilinos madrileños de fondos de inversión reclaman al Gobierno su inclusión en Casa 47
Intentan frenar la venta de más de 15.000 casas y evitar su salida al mercado libre
Reclaman que se incorporen sus viviendas al parque público de la entidad estatal
Arrendatarios de más de treinta bloques, propiedad de los fondos de inversión Nestar-Azora y Fidere-Testa (Blackstone) en la Comunidad de Madrid, han reclamado al Ministerio de Vivienda para solicitar la incorporación de sus inmuebles al parque público a través de la entidad estatal Casa 47.
La acción está liderada por el Sindicato de Inquilinas de Madrid bajo el lema "Recuperemos nuestras viviendas de las garras de los fondos buitre", tiene como objetivo frenar la venta de más de 15.000 casas y evitar su salida al mercado libre. Este miércoles entregaron cientos de cartas en a sede del Ministerio de Vivienda.
Los afectados explican en un comunicado que durante la última década los fondos de inversión han obtenido beneficios extraordinarios a costa de unas viviendas que en muchos casos fueron públicas o protegidas.
166 familias de Pinto afectadas por la venta a un fondo de inversión de sus pisos de alquiler social
Este colectivo resalta que entre estos inmuebles se encuentran los 1.860 pisos que en 2013, durante el mandato municipal de Ana Botella, el Ayuntamiento de Madrid vendió a Blackstone al precio de 68.000 euros por unidad.
Según el Sindicado de Inquilinas, los fondos de inversión han aplicado subidas de alquiler y cláusulas "abusivas", sin realizar tareas de mantenimiento de los edificios, tras su adquisición a bajo coste.
La entidad recuerda la reciente actuación de la Generalitat de Cataluña. Tras una huelga de alquileres impulsada por el Sindicat de Llogateres, la administración catalana frustró una venta masiva de la Fundación La Caixa y recuperó 1.700 viviendas para blindarlas como de Protección Oficial (VPO).
Los inquilinos reclaman al Gobierno central una intervención similar para garantizar alquileres estables y asequibles, seguridad residencial a largo plazo y la protección del derecho a la vivienda frente a los intereses especulativos.
Desde la organización instan al Ejecutivo a decidir si está de parte de los fondos de inversión que "especulan con la vivienda" o de parte de las vecinas y vecinos que quieren permanecer en sus casas.
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