La Fiscalía considera que la venta de casi 3.000 viviendas por parte del IVIMA (Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid) a un fondo buitre en 2013 fue un proceso "trufado de irregularidades" que podría constituir un delito de prevaricación y malversación por parte de dos exdirectivos de la entidad. Así lo expone el fiscal al Juzgado de Instrucción 48 de Madrid, que investiga la posible venta fraudulenta de 2.935 viviendas del IVIMA al fondo de inversión Azora-Goldman Sachs, que fue firmada por la que entonces era directora del IVIMA, Ana Gomendio, "dándose continuidad a un procedimiento iniciado por Juan Van-Halen", según el Ministerio Público.
En esta causa declaró como investigado en abril de 2016 el exdirector general de la institución pública, Juan Van-Halen Rodríguez, quien antes de esta declaración dimitió del cargo que ostentaba entonces como director general de Arquitectura y Vivienda del Ministerio de Fomento.
Lo hizo después de que su sucesora al frente del Ivima, Ana Gomendio, se autoexculpara del caso con el argumento de que el proceso de licitación fue iniciado por Van-Halen y ella se limitó a firmar algo que ya estaba cerrado cuando accedió al cargo.
El fiscal argumenta, en un escrito de finales de 2017, que el contrato para la enajenación de 32 promociones de viviendas iniciado por Van-Halen y seguido por Gomendio supuso un procedimiento "trufado de irregularidades de que deben ser analizadas desde una perspectiva penal", ya que podrían constituir delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Apunta el fiscal que las viviendas se pudieron vender por debajo del precio legal utilizando "artificios" que individualmente podrían no ser delito, pero que "en su conjunto ofrecerían una imagen fiel y exacta de una conducta malversadora o defraudatoria".
Especifica que el IVIMA argumentó falta de liquidez para llevar a cabo esa enajenación de viviendas, pero no exploró otras opciones de venta de su patrimonio por si eran más ventajosas.
Critica también que se decretase la innecesariedad de los pisos vendidos "con una función exclusivamente financiera de obtener ingresos para la Administración", ya que se acabaron dando a un tercero "con el mismo uso originario u otro equivalente de interés o servicio público".
Para el fiscal está claro que en este proceso "se ocultó a la Mesa de Contratación la entrada subrepticia de Enacasa Cibeles" en la operación, lo que habría sido un obstáculo insalvable para la adjudicación a Azora Gestión.
Además considera que la adjudicación a Azora sería de todas formas inviable porque esta firma ejecutó un contrato "sirviéndose de la solvencia y los medios de otra entidad distinta a la que se presentó al proceso de contratación".
El Ministerio Público descarta en su escrito que concurran otros delitos además de los dos señalados, al no apreciarse indicios de cohecho o figuras afines que conlleven el enriquecimiento ilícito del funcionario.
