El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) aprobó este martes admitir a trámite el conflicto positivo de competencia promovido por la Gobierno de la Comunidad de Madrid en relación con el contrato denominado ‘Servicio de asistencia técnica para el diseño de un servicio estable de captación, sensibilización, fidelización y formación de familias interesadas en el acogimiento de niños, niñas y adolescentes cuya tutela la tienen las Administraciones Públicas’, licitado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
La parte demandante alega en su recurso que el citado contrato podría vulnerar su competencia exclusiva sobre protección y tutela de menores, amparada en el artículo 26.1.24 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid.
Asimismo, se comunica la incoación del conflicto a la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, por si ante la misma estuviera impugnado o se impugnare el citado contrato, en cuyo caso se suspenderá el curso del proceso hasta la decisión del conflicto, según dispone el artículo 61.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
El proyecto para la creación de un servicio estatal para la formación de familias de acogida, financiado con fondos europeos, funcionaría para cuatro comunidades autónomas entre las que se encuentra Madrid con el objetivo de crear un mecanismo de captación, sensibilización, fidelización y formación de familias que acojan a menores de edad.
La Comunidad de Madrid ya pidió el Gobierno que anulara el contrato el pasado mes de diciembre, aunque hasta el momento el Gobierno de Pedro Sánchez lo mantiene y defiende que no invade competencias autonómicas.
