La Comunidad de Madrid, a través de su consejero de Justicia, Interior y Víctimas, Enrique López, ha aceptado la renuncia como Comisionado del Gobierno para la Atención de las Víctimas del Terrorismo de Ignacio García de Vinuesa, ha informado el Gobierno regional en un comunicado.
La renuncia se produce después de que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón haya incluido a García Vinuesa entre los investigados en el 'caso Púnica' por presuntamente pagar con dinero público sus campañas de imagen.
El Ejecutivo regional ha agradecido la larga trayectoria al servicio de los ciudadanos de García de Vinuesa, así como su contribución en el apoyo y defensa de las víctimas del terrorismo en su última etapa profesional.
El exalcalde de Alcobendas, que contaba con un sueldo de 75.085 euros anuales, sustituyó en el cargo a la expresidenta de la Asociación Víctimas del Terorismo (AVT) Angeles Pedraza tras ser nombrada gerente del organismo autónomo Madrid 112.
Como posible sustituta de Pedraza sonó el nombre de la exdiputada nacional del PP y hermana del concejal de Ermua asesinado por ETA en 1997, Marimar Blanco. Su nombre estaba entre las papeletas pero finalmente se alejó de esta opción al decantarse por seguir siendo entonces diputada del PP.
Además de Ignacio García de Vinuesa, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha citado como investigados a otros cuatro exalcaldes y varios concejales del PP por los trabajos de reputación online que se investigan en el marco del 'caso Púnica. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha dictado un auto, con fecha del pasado 3 de noviembre, en el que acepta la petición de la Fiscalía Anticorrupción de llamar a declarar en calidad de investigados a Vinuesa, por su etapa como alcalde de Alcobendas; a Ana María Kringe (Denia), Juan Alfonso Bataller (Castellón), Raúl López Vaquero (Coslada) y Narciso de Foxá (Majadahonda) por el pago con fondos públicos de los trabajos que habría realizado para ellos las empresas de Alejandro de Pedro.
En este sentido, el juez también cita a declarar -aún sin fecha- como investigados en la pieza 10 del 'caso Púnica' a concejales y trabajadores de estos consistorios por su participación en la contratación de Eico y Madiva para que mejorara la reputación de los entonces alcaldes a través de diarios digitales creados 'ad hoc', blogs, gestión de redes sociales o campañas de publicidad.
