El Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid fue redactado en 1983 y proclama en su artículo 8 a la Asamblea de Madrid como primera de las instituciones de autogobierno de la Comunidad de Madrid.
El artículo 9 la define como el órgano representativo y legislativo del pueblo de Madrid.
Desde 1983 hasta 1998, la actividad de la Asamblea de Madrid se desarrolló en el viejo Caserón de San Bernardo, sito en el número 49 de esta emblemática vía madrileña.
Las elecciones, antesala de la I Legislatura, tuvieron lugar el día 8 de mayo de 1983. Las presidencias de la Asamblea y de la Comunidad, a raíz de los resultados electorales, correspondieron al Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Sesión Constitutiva de la Asamblea
La solemne sesión constitutiva de la Asamblea de Madrid tuvo lugar, en cumplimiento de la convocatoria prevista en el Real Decreto de convocatoria electoral, el día 8 de junio de 1983 en el Paraninfo de la Universidad Complutense del viejo Caserón de San Bernardo, declarándose formalmente constituida por su primer presidente, Ramón Espinar Gallego (PSOE).
El primer presidente de la Comunidad fue Joaquín Leguina Herrán, miembro Partido Socialista Obrero Español y diputado de la Asamblea de Madrid.
94 diputados formaron parte de la primera legislatura. 51 de ellos correspondieron al Partido Socialista, 34 a la coalición liderada por Alianza Popular y 9 al Partido Comunista.
El número de escaños ha ido creciendo durante todos estos años, hasta los 136 de la actualidad, a punto de concluir la decimosegunda legislatura.
Un diputado menos tras el 28-M
A partir de las elecciones del 28-M se podría reducir el número de diputados en uno, a 135. Esto es debido al descenso de población desde 2019. Los letrados de la Cámara o la propia Junta Electoral deberá decidir si la mayoría absoluta se fijará, por tanto, en 68 diputados, al perderse un escaño.
Pero la reducción de diputados podría ser drástica si se cumpliera el pacto de investidura que firmaron PP y Vox en las pasadas elecciones autonómicas de 2021, cuando ambos grupos acordaron reducir de 136 a 91 el número de escaños, con el fin de destinar el dinero ahorrado en pagar las nóminas de esos parlamentarios, que asciende a más de 850.000 euros, a sufragar servicios públicos como sanidad o educación.
El pasado mes de abril se votó en la Asamblea, con los votos a favor de ambas formaciones de derechas y los votos en contra de toda la izquierda, la toma en consideración de esa Proposición de Ley de reducción de diputados.