La Policía Local de Las Rozas ha puesto en marcha la primera fase del Plan SEFINUR (Seguridad en Fincas y Urbanizaciones), un programa dirigido a reforzar la protección de viviendas y comunidades mediante la colaboración estrecha entre vecinos, administradores de fincas y fuerzas policiales.
Esta iniciativa, que comenzó en diciembre de 2025 en colaboración con el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, tiene como objetivo identificar y prevenir riesgos en los inmuebles, mejorar la convivencia vecinal y reforzar la seguridad en zonas residenciales.
Durante la primera fase del plan, agentes de barrio visitaron los 45 inmuebles que ya se han adherido a la iniciativa, elaborando fichas detalladas con posibles puntos críticos de seguridad, desde accesos vulnerables hasta zonas de riesgo de ocupación ilegal o instalaciones turísticas no autorizadas.
Además, el programa incluye servicios como planes de seguridad personalizados, creación de redes de alerta vecinal a través de Telegram y certificaciones de inmueble seguro, fomentando así una cooperación activa entre Policía Local y comunidades de propietarios.
El Comisario de Policía Local, Manuel López, y el subinspector Miguel Ángel Esteban han destacado la importancia de estas auditorías para detectar problemas de convivencia y reforzar la prevención antes de que se produzcan incidentes.
El alcalde de Las Rozas, José de la Uz, ha subrayado que SEFINUR permite trabajar en red con los administradores de fincas y otros actores del municipio, “siguiendo la senda de descenso de la criminalidad, que en 2025 se redujo un 1,7% respecto al año anterior”.
En concreto, los delitos contra la libertad sexual descendieron un 22,5%, los robos con violencia un 23, %, los hurtos un 10,6% y las sustracciones de vehículos un 27,5%.
Además, el Plan SEFINUR se concibe como una evolución de los programas de la Policía de Barrio implementados desde 2024, que hasta ahora habían trabajado con comercios, asociaciones y empresas.
Con la expansión a las fincas residenciales, se busca garantizar un seguimiento continuo y una atención personalizada a las necesidades de seguridad de cada comunidad, incluyendo vigilancia de accesos, detección de puntos conflictivos y coordinación con servicios sociales en caso de detectar vulnerabilidad de residentes.