La titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de Madrid, Carmen Valcarce, ha archivado el supuesto caso de espionaje denunciado por el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y con el que el diario El País señaló al gobierno de la Comunidad. En su auto, la jueza asegura que no se ha podido acreditar que haya habido seguimientos y aunque se hubieran acreditado, no habría delito.
Varios funcionarios y asesores de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior figuraban como imputados por un supuesto delito de malversación de fondos en relación con los presuntos seguimientos a políticos madrileños como el vicealcalde del Ayuntamiento, Manuel Cobo y el ex consejero de la Comunidad Alfredo Prada. La jueza madrileña descarta en su auto, también, la malversación de fondos públicos.
La magistrada Carmen Valcarce ha sido la instructora de este caso y la que ha llamado a declarar a los imputados, entre los que figuraba el ex director de Seguridad de la Comunidad, Sergio Gamón y el funcionario José Manuel Pinto.
GRANADOS, SATISFECHO, AFIRMA QUE SE HA INTENTADO HACER UNA CAUSA GENERAL, MIENTRAS QUE EL PSM ASEGURA QUE RECURRIRÁ
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, ha mostrado su satisfacción por la decisión de una juez de archivar el caso del presunto espionaje a políticos de la región, como Cobo y el ex vicepresidente regional Alfredo Prada.
Granados ha asegurado que la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid Carmen Valcarce de archivar el caso supone que el Gobierno de la Comunidad "no alentó, ni albergó ni ordenó espionaje a nadie". "No se ha producido espionaje ni ninguna ilegalidad" ha dicho un satisfecho Granados, antes de recordar que hubo una investigación interna en el PP, una comisión en la Asamblea de Madrid y otra judicial "sin llegar nada".
Granados ha hecho suyo un párrafo del auto de la juez para afirmar que "se ha intentado hacer una causa general que ha afectado sin base a derechos fundamentales de numerosas personas".
El consejero no se plantea la posibilidad de querellarse ahora contra quienes promovieron esta investigación judicial, a los que sí reclama que pidan perdón a los imputados por sus acusaciones y también a todos los madrileños. "Algunos dieron por buenas esas informaciones para perjudicar y desgastar al Gobierno de la Comunidad y a la presidenta Esperanza Aguirre. Espero que esas personas que se han escudado en acciones judiciales pidan perdón por lo que han hecho", ha agregado.
Granados señalaba que "Cobo debería pedir perdón. Prada y Rodríguez, si les queda dignidad, dimitir del Grupo Popular".
Por su parte, el Partido Socialista de Madrid (PSM) recurrirá el archivo del denominado "caso de los espías", al opinar que la jueza que instruye el expediente, Carmen Valcárcel, considera probado que se hicieron seguimientos con medios de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid y por lo tanto se ha producido un delito de malversación de fondos públicos. "En el auto queda probado que se han producido los seguimientos, y por tanto se ha hecho un uso de dinero de los ciudadanos para cosas ajenas a la función pública", señalaron desde los servicios jurídicos del PSM, que mantienen su acusación por un supuesto delito tipificado en el artículo 433 del Código Penal.
La principal queja del PSM es que la jueza no ha tenido en cuenta su solicitud de llamar como testigo a la ex mujer del director de Seguridad, Sergio Gamón, tras las declaraciones de Yolanda Laviana en el diario 'El País', que revelaban, a su juicio, "aspectos esenciales del funcionamiento de la actividad que dirigía Sergio Gamón" y demostraban "el conocimiento que manifiesta tener acerca de los hechos y de la utilización masiva de medios públicos para fines privados".
EL ORIGEN DEL CASO
El origen del caso está en la publicación por el diario El País, a comienzos de 2009 de que algunos políticos madrileños habían sido seguidos por ex policías y ex guardias civiles realizaron trabajos de inteligencia e información para el actual consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados.
El caso llegó a los tribunales y a la Asamblea de Madrid, donde se creó una comisión de investigación.
Por el juzgado de instrucción número 5 de Madrid desfilaron los imputados, algunos de los cuales negaron haber espiado a políticos y explicaron que las coincidencias que reflejaban los partes policiales entre su posición y las de los supuestamente espiados obedecían a que custodiaban edificios oficiales en esa zona.
El funcionario José Manuel Pinto negó ser el autor de presuntos partes de seguimiento y Sergio Gamón también negó cualquier vinculación con el caso, que ahora ha sido cerrado por la juez.
