Alcorcón advierte de "graves sanciones" por una nueva concentración ilegal de 'tuning'
- El ayuntamiento ha advertido a los promotores y participantes de una nueva concentración ilegal de vehículos que tuvo lugar en la zona comercial de Parque Oeste
El Ayuntamiento de Alcorcón ha advertido de la posible imposición de "graves sanciones" a los promotores y participantes de una nueva concentración ilegal de vehículos que tuvo lugar el sábado pasado en la zona comercial de Parque Oeste, además de advertir también a los responsables de este espacio.
Dicha concentración no autorizada, que congregó a numerosos vehículos 'tuning' y asistentes, "generó ruidos elevados incompatibles con los límites permitidos y afectó al descanso de los vecinos", lo que podría constituir una infracción a la normativa municipal en materia de contaminación acústica", han denunciado desde el consistorio.
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No es la primera vez que ocurre una concentración de este tipo en el Parque Oeste, ya que el 18 de enero pasado, miles de vehículos ya colapsaron las calles de este espacio comercial con música a todo volumen, botellones y basura acumulada, lo que ya provocó las protestas de muchos de los vecinos de la zona.
Por ello, ante esta nueva concentración, la Concejalía de Medio Ambiente ha decidido tomar cartas en el asunto y ha puesto en marcha un procedimiento administrativo para valorar la apertura de un expediente sancionador contra los organizadores y participantes de la concentración ilegal.
En este sentido, en cumplimiento de la Ordenanza de Protección contra la Contaminación Acústica y de lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común, está recabando los informes y pruebas necesarios para la posible incoación de un expediente sancionador.
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Desde el Consistorio advierten de que las actuaciones podrían dirigirse tanto contra los responsables directos de las emisiones sonoras -los conductores de los vehículos implicados- como contra "quienes ostenten competencias de gestión o control sobre el espacio afectado", el aparcamiento de la zona comercial, en este caso.
En este sentido, se actuará contra estos responsables "siempre que se determine que, contando con capacidad efectiva de intervención, no adoptaron las medidas necesarias para evitar el uso inadecuado de las instalaciones", según ha explicado la concejala del área, Trinidad Castillo (Más Madrid).
"El derecho al descanso está por encima de la irresponsabilidad de unos pocos y quienes, teniendo capacidad efectiva sobre el uso de estos espacios, no hayan actuado para evitar estas concentraciones, deberán asumir su parte de responsabilidad", ha añadido la edil.
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Castillo ha insistido en que utilizarán "todas las herramientas legales" a su alcance y actuarán "con la máxima firmeza para garantizar la tranquilidad y la calidad de vida en nuestros barrios".
De esta manera, de confirmarse la comisión de una infracción muy grave -como la celebración de actividades sin licencia o la superación de los niveles sonoros autorizados-, la Ordenanza contempla sanciones de hasta 6.010,12 euros, y medidas como la clausura temporal del espacio hasta por 4 años.
Por su parte, las infracciones graves pueden conllevar multas de hasta 3.005,06 euros y la suspensión de la actividad durante un máximo de dos años.
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"Este tipo de fenómenos requiere una respuesta integral, coordinada con otras áreas municipales. Por ejemplo, la creación de retenes de control en los accesos al municipio para disuadir la entrada de vehículos que, en muchos casos, circulan sin ITV o superan los límites legales de emisión sonora", añaden desde el Consistorio.
Sin embargo, también centran la mirada en "quienes permiten -aunque sea por omisión- que se celebren estas concentraciones en sus espacios privados", que "deben asumir su cuota de responsabilidad, tanto institucional como legal", por lo que "el Ayuntamiento no mirará hacia otro lado".
Por último, desde el Consistorio se ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana para atajar este tipo de conductas incívicas invitando a vecinos y vecinas a remitir cualquier evidencia disponible -como material audiovisual, fotografías o testimonios- que pueda documentar e impulsar las actuaciones administrativas correspondientes.
