Después más de tres meses en protestas antigubernamentales y más de un centenar de muertos, la oposición venezolana ha olvidado su declaración de rebeldía ante las instituciones del Estado y ha decidido inscribirse en las elecciones a gobernadores previstas para el próximo 10 de diciembre.
Este miércoles, fecha límite del Consejo Nacional Electoral (CNE) para inscribir a los candidatos a las 23 gobernaciones del país, metió por la senda institucional a la alianza Mesa de la Unidad Democrática pese a las enormes dudas sobre la transparencia de lo últimos comicios celebrados en Venezuela. Hasta hace unas semanas lo opositores habían llamado a sus partidarios a la calles prometiendo el "no retorno" hasta lograr el cambio de Gobierno con intensas jornadas de protestas que dejaron además a miles de detenidos, y hoy terminan comprometidos en una lucha regulada por el Poder Electoral acusado de servir al Gobierno.
La decisión a la que han quedado sometidos hoy revive el acuerdo que propuso el gobierno hace un año en las mesas de diálogo: las elecciones regionales, que los opositores rechazaron por considerar insuficientes. "Hemos acordado por consenso preinscribir candidatos para las elecciones regionales vencidas y escamoteadas por el régimen desde el pasado año", dijo el dirigente opositor Andrés Velásquez en rueda de prensa al leer un comunicado de la MUD.
Según el documento, este paso de inscribir candidatos para las regionales va acompañado "por la decisión de profundizar la presión de calle, la presión social, la presión internacional y el resto de las herramientas de la política", pues el objetivo de la MUD sigue siendo lograr el cambio de Gobierno. Sin embargo, su capacidad de movilización tras más de 120 días de manifestaciones casi ininterrumpidas se vio mermada ayer con un llamado a trancazo que no tuvo acogida en las calles, y apenas si se vio en los principales feudos opositores.
La ruta no promete ser ligera para los antichavistas y lleva a cuesta una prohibición a la alianza de postular candidatos en al menos siete estados, donde fueron bloqueados con medidas cautelares por una investigación iniciada hace casi un año por chavistas y de la que los tribunales no se han pronunciado. Avanzarán también con sus principales figuras encarceladas, inhabilitadas o con procesos abiertos que podrían sacarles de la campaña en el camino, y una Comisión de la Verdad plenipotenciaria que se ha comprometido con establecer la responsabilidad de los opositores por la violencia de las protestas.
No obstante, se medirán en uno de los momentos más impopulares del Gobierno de Nicolás Maduro, y en consecuencia del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela. La última elección en la que se midieron ambas fuerzas, resultó en una victoria contundente de los opositores que se quedaron con 112 -de 167- escaños del Parlamento.
El Gobierno ha celebrado la decisión de los opositores como "una victoria" de las instituciones del país, entendiendo que su decisión de participar en los comicios desmota las acusaciones de "dictadura" contra régimen, y la legalidad de los procesos electorales. Esta elección se celebrará en uno de los momentos más controvertidos del CNE tras la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, el pasado 30 de julio -a la que se abstuvieron los opositores-, que quedó conformada en totalidad por partidarios de Maduro, y con poder casi ilimitado sobre el país y las instituciones del Estado.
Tras casi dos semanas, el órgano electoral aún no ha presentado los resultados exactos de la elección en la que, indicó, votaron ocho millones de personas, o de los procesos de auditoría que pueda despejar las dudas sobe la participación en esa elección cuestionada incluso por la propia empresa que prestó soporte técnico.
EL SUPREMO CONDENA A 15 MESES DE PRISIÓN A QUINTO ALCALDE OPOSITOR
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) condenó a 15 meses de cárcel y declaró la inhabilitación política del alcalde opositor David Smolansky, que dirige el municipio El Hatillo de Caracas, por permitir el desarrollo de protestas antigubernamentales en ese sector. "La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en ponencia conjunta de los magistrados y magistradas que la integran, declaró el desacato por parte del ciudadano David Smolansky", informó el Supremo tras una audiencia de más de cuatro horas celebrada en ausencia del edil.
Con esta decisión, Smolansky cesa en el ejercicio de sus funciones como alcalde y "se declara su falta absoluta", así como también se declaró su inhabilitación política. La corte suprema indicó que Smolansky, de la formación Voluntad Popular, quedará a la orden del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y se estableció como sitio de reclusión la sede de este mismo órgano.
El destituido alcalde, que aún no ha sido detenido, "permanecerá en este lugar hasta que un juez de primera instancia en funciones de ejecución determine el sitio definitivo de reclusión", precisó la sentencia leída por el magistrado Juan José Mendoza.
