Organizaciones en favor de los derechos humanos reclamaron al Gobierno de Australia ampliar la investigación sobre los abusos cometidos contra menores en los reformatorios del Territorio Norte a todos los centros de detención con niños del país, informan hoy medios locales.
El primer ministro australiano, Malcolm Turnbull, anunció ayer la indagación de las autoridades sobre lo ocurrido en el centro juvenil Don Dale, en la norteña ciudad de Darwin, después de que un reportaje de la cadena ABC expusiera con vídeos y fotografías las torturas a jóvenes realizadas por los guardias del recinto.
Un adolescente con el cuello atado al respaldo de una silla y la cabeza cubierta por una capucha o el uso de gas lacrimógeno contra menores en sus celdas son algunos de los abusos, según el material difundido.
El Gabinete australiano tiene previsto evaluar el próximo jueves los términos de referencia de la investigación.
"Creo que los términos de referencia deberían expandirse para incluir a todos los niños privados de su libertad por el Gobierno australiano, a todos los menores privados de su libertad por el Estado", dijo el director ejecutivo de Refugee Legal, David Manne, en declaraciones a The Guardian Australia.
Manne acotó que la comisión gubernamental que investigará estos abusos es una oportunidad para analizar este tipo de prácticas "que han ido demasiado lejos".
El experto recordó que los menores detenidos en los correccionales y los centros de detención para inmigrantes han sido sometidos a condiciones inhumanas cuando el deber de la Administración es velar por ellos.
La presidente de la Comisión Australiana de Derechos Humanos, Gillian Triggs, sugirió que la investigación no se centre en la situación del Territorio Norte sino en todos los centros del país, lo que ha sido secundado por varias organizaciones indígenas y legales, agregó el diario.
La presidenta de Abogados Australianos de Derechos Humanos, Benedict Coyne, remarcó que la investigación debería abarcar todos los aspectos del racismo sistémico.
Mientras el activista indígena Rodney Dillon exigió al Gobierno australiano firmar el Protocolo opcional a la Convención contra la Tortura de la ONU para que los observadores internacionales puedan supervisar las detenciones.
Los aborígenes entre 10 y 17 años de edad representan el 59 % de la población carcelaria en Australia, un país de 23 millones de habitantes, de los cuales unos 450.000 son aborígenes, según datos de Amnistía Internacional.
Los aborígenes australianos han sido víctimas de constantes maltratos desde la colonización y en el siglo pasado los niños eran removidos de sus hogares para ser educados en familias blancas u orfanatos, desposeídos de sus tierras y discriminados sistemáticamente.
