El Gobierno socialista de Portugal superó una huelga en la administración, el primer paro en sus dos meses de mandato, mientras se enfrentó en el Parlamento a duras críticas de la oposición centro-derechista por el presupuesto del 2016. El Ejecutivo dirigido por António Costa cerró una de las semanas más tensas desde que llegó al poder a finales de 2015, cuando firmó una alianza inédita con la izquierda radical.
La huelga convocada en la administración central portuguesa, que se convocó para reclamar la restitución inmediata de las 35 horas de trabajo a la semana, acabó por tener un efecto limitado, aunque su seguimiento fuese de entre un 70% y 80%, según los sindicatos.
A pesar de que algunas escuelas tuvieron que cerrar y varios hospitales y centros de salud registraron perturbaciones en su funcionamiento, los efectos de la paralización fueron menores que en otros paros anteriores.
La huelga había sido convocada apenas por un sindicato, el Frente Común de los Sindicatos de la Administración Pública (FCSAP, de signo comunista), y no incluyó a todos los trabajadores del sector público, entre ellos el mayoritario de los profesores, que representan en torno al 40 % del cuerpo de funcionarios en Portugal.
Otro factor que influyó para que se rebajase el impacto de la paralización fue que el sector de los transportes públicos funcionase con normalidad. "Salud y Educación fueron los sectores de mayor seguimiento. Hubo cientos de escuelas cerradas", manifestó hoy la portavoz del FCSAP, Ana Avoila.
Su sindicato reclama la reposición inmediata de la jornada laboral de 35 horas semanales, en vez de las 40 actuales, impuestas por el anterior Gobierno centro-derechista de Pedro Passos Coelho durante el rescate financiero al país (2011-2014).
Aunque el Ejecutivo socialista, apoyado por sus socios del Bloque de Izquierda (aliado al español Podemos en la UE) y el Partido Comunista Portugués, ha dado pasos para regresar a las 35 horas en los próximos meses, el Frente Común demanda que el regreso al antiguo horario sea inmediato.
Mientras transcurría la huelga, Gobierno y oposición centro-derechista intercambiaron duras acusaciones en el Parlamento portugués acerca del borrador del presupuesto de 2016, un controvertido documento que retira varias de las medidas de austeridad del periodo del rescate.
António Costa, primer ministro desde hace dos meses, capeó los ataques de su antecesor en el cargo, el conservador Pedro Passos Coelho, y fue jalonado por la izquierda radical para que "plante cara" a los avisos de la Comisión Europea (CE), que ha pedido una reducción más sustancial del déficit.
Passos Coelho recordó que los expertos del gabinete de Finanzas de apoyo al Parlamento (UTAO) han acusado al Gobierno de modificar "artificialmente" el déficit en sus previsiones presupuestarias de 2016.
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"Afortunadamente, nunca pasé por la vergüenza de tener un ministro de Finanzas que tuviese que ser corregido por el UTAO", declaró el líder de la oposición, que se ha unido al coro de voces críticas al presupuesto de 2016, junto a las agencias de clasificación y la propia CE.
Costa reiteró que no hay que dramatizar estos avisos, pues Lisboa y Bruselas están en "una fase de discusión técnica" sin que se haya cuestionado en ningún momento la "credibilidad" de Portugal.
El borrador de los presupuestos pronostica una mejora en la mayoría de los indicadores: una subida del PIB del 2,1%, una tasa de inflación del 1,4%, una de desempleo del 11,2%, un déficit nominal del 2,6% y una deuda pública del 126%. Sin embargo, lo que más preocupa a la CE es el déficit estructural, que excluye los gastos e ingresos de carácter cíclico.
El Gobierno portugués espera reducir este indicador en dos décimas, hasta el 1,1% del PIB, apenas un tercio de lo pedido por las instituciones comunitarias. En el Parlamento, el Bloque de Izquierda exhortó a Costa que desafíe las imposiciones de Bruselas, que podrían implicar más recortes en Sanidad o Educación.
La líder del emergente partido, Catarina Martins, fue muy crítica con la CE, a la que acusó de intentar "asaltar el país". "Hay una mayoría en el Parlamento que apoya al Gobierno con coraje para hacer frente a Bruselas", subrayó la dirigente del que hoy es el tercer mayor grupo de la Cámara, con 19 de 230 escaños.
Con el indispensable apoyo del Bloque y de los comunistas, los socialistas, que gobiernan en minoría, han promovido la devolución de los recortes salariales a los funcionarios públicos, la subida modesta de las pensiones más bajas y la eliminación de un impuesto extraordinario en el 90% de las nóminas. El gabinete de Costa espera debatir y votar el presupuesto de 2016 el 22 y 23 de febrero.
