La OCDE mejora la previsión de crecimiento del PIB para España, 5,9% en 2021 y 6,3% en 2022

  • Se espera que la tasa de paro para este año sea del 15,4% y baje al 14,7% el próximo
Sede de la OCDE, en París
Sede de la OCDE, en París |OCDE

La economía española crecerá este año un 5,9%, dos décimas más que en la anterior estimación de la OCDE, y un 6,3% en 2022, por encima del 4,8% del último pronóstico del organismo internacional. Para la tasa de paro, espera que este año sea del 15,4% y baje al 14,7% el próximo.

La OCDE proyecta que el PIB español “se recuperará a partir de la segunda mitad de 2021, ya que el despliegue gradual de las vacunas permite la liberación de la demanda acumulada, el turismo se recupera gradualmente y el plan nacional de recuperación respalda la demanda”.

El FMI eleva su previsión de crecimiento para España al 6,4% en 2021
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Empleo de calidad

La economía española “avanza por la senda de la recuperación”, dice la entidad que dirige Ángel Gurría, “pero la perturbación causada por el Covid ha puesto de manifiesto la urgencia de abordar problemas estructurales que vienen de lejos. Aunque el apoyo sigue llegando a las empresas y los hogares más perjudicados, la inversión y las reformas deberían centrarse en impulsar el crecimiento de la productividad y la creación de empleo de calidad”, según el nuevo informe de la OCDE.

Riesgo de insolvencias

Son varios los riesgos sustanciales que identifica la OCDE. Por una parte, la demanda interna podría ser más fuerte de lo previsto si la vacunación y la aplicación de los fondos europeos avanzan a mayor ritmo, pero, por otra, un posible incremento de las insolvencias conforme se vaya retirando el apoyo de las políticas constituye un riesgo a la baja.

Consolidación fiscal

Entre sus recomendaciones a España, la OCDE aconseja “mantener una política fiscal expansionista” hasta que la recuperación esté encarrilada, prolongando las medidas de apoyo pero también haciéndolas más focalizadas.

Cuando la recuperación esté bien encarrilada, el organismo sugiere el anuncio de “un plan plurianual de consolidación fiscal” que incluya a todos los niveles de la Administración.

Gravar más los combustibles

Ve margen para “mejorar la fiscalidad ambiental con el objetivo de ahorrar energía e incrementar la recaudación tributaria” y precisa que la tasa del impuesto que grava los combustibles en sectores no incluidos en el régimen de comercio de derechos de emisiones de la Unión Europea es “baja” en comparación con otros países.

Aconseja que “una vez la economía entre en una senda de recuperación clara, la tributación de los combustibles debe incrementarse” al tiempo que “deben adoptarse medidas de redistribución que favorezcan a los hogares más pobres”.

Mercado laboral

También recomienda mantener un mercado laboral flexible que permita a las empresas adaptarse a las cambiantes condiciones económicas, dando prioridad a los convenios colectivos de empresa en detrimento de los sectoriales y regionales, garantizar el pronto desembolso de las nuevas ayudas directas e incrementar los fondos asignados si fuera necesario.

El organismo internacional cree que aumentar la eficiencia de las políticas activas de empleo será fundamental para reconvertir a los trabajadores desplazados y mejorar su empleabilidad, apuesta por dirigir los incentivos a la contratación a los grupos “más vulnerables" y “estar limitados en el tiempo”, pide reforzar su vínculo con la formación y simplificar el abanico de contratos.

Respecto a este último punto, puntualiza que “han de aclararse las condiciones en las que se puede recurrir a contratos temporales, como, por ejemplo, para empleos estacionales o de formación”.

Salario mínimo y pensiones

Del mismo modo, considera preciso evaluar las “repercusiones que las rápidas y acusadas subidas del salario mínimo han tenido en el empleo, especialmente en el caso de los jóvenes y los trabajadores menos cualificados”.

Para fijar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), aboga por crear una “comisión independiente permanente” que evalúe sus posibles efectos y elabore recomendaciones “que permitan una modificación gradual del salario mínimo en consonancia con la evolución de las condiciones del mercado laboral y de la productividad”.

La OCDE propone tomar medidas “adecuadas y socialmente aceptables” para garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo del sistema de pensiones, “vincular la edad legal de jubilación con la esperanza de vida al jubilarse, y desincentivar la jubilación anticipada, por ejemplo ampliando el período de cotización necesario para cobrar la pensión íntegra”.