La Comisión Europa ha instado a España a corregir seis desequilibrios macroeconómicos que considera "excesivos", como el paro, lo que podría desembocar en última instancia en una multa de unos 1.000 millones de euros si no se actúa en consecuencia.
El vicepresidente de la Comisión Europea y comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, señaló en rueda de prensa que en el caso de España "necesitamos más análisis de la evolución estructural del altísimo paro y de la difícil situación después de la prolongada burbuja inmobiliaria y el 'boom' crediticio".
No obstante, Rehn ha recalcado que España "está llevando a cabo con determinación reformas estructurales con el fin de mejorar el mercado laboral y la competitividad", al igual que Italia.
La Comisión Europea ha identificado en su primer informe del mecanismo de alerta para desequilibrios macroeconómicos excesivos -que forma parte del reforzado paquete de gobernanza económica en vigor desde el 13 de diciembre pasado- a 12 Estados miembros cuya situación macroeconómica requiere un análisis más profundo.
El Ejecutivo comunitario se basa en diez indicadores: la evolución del desempleo, el déficit por cuenta corriente, las posiciones netas de inversión internacional, las cuotas de mercado exportador, los costes laborales unitarios nominales, los tipos de intercambio efectivos, la deuda del sector privado, el flujo de crédito en el sector privado, los precios de la vivienda y la deuda pública.
España suspende en seis de ellos: la balanza por cuenta corriente, las posiciones netas de inversiones internacionales, la cuota del mercado exportador, la deuda pública, la deuda del sector privado y el desempleo.
Las revisiones en profundidad que se harán ahora de la situación macroeconómica de España permitirán al Ejecutivo comunitario determinar si existen "desequilibrios dañinos" para la economía española, para después, si fuera necesario, emitir recomendaciones a fin de que se tomen medidas con el fin de corregir la situación.
Solamente si no toma las medidas necesarias se abrirá un Procedimiento por Desequilibrios Excesivos, y entonces se deberá detallar claramente qué políticas se va a promover y para qué fechas a fin de corregir los desequilibrios.
En última instancia, si no aplica las recomendaciones, la Comisión Europea puede pedir un depósito del 0,1 % del PIB que genera intereses y que, en una segunda fase, puede convertirse en una multa, lo que equivaldría en el caso de España a unos 1.000 millones de euros.
BRUSELAS Y EL GOBIERNO DESMIENTEN LAS INFORMACIONES QUE ACUSAN A ESPAÑA DE INFLAR EL DEFICIT
Por otra parte, el vicepresidente de la Comisión y responsable de Asuntos Económicos, Olli Rehn, ha negado este martes que tenga previsto multar a España por no adoptar suficientes medidas para corregir su déficit excesivo, pero ha reclamado al nuevo Gobierno que acelere la presentación de los presupuestos para 2012.
"Algunas informaciones que sugieren que medidas que todavía no existen podrían considerarse insuficientes y conducir a sanciones no se basan en hechos sino en la imaginación. Son incorrectas y engañosas", ha asegurado Rehn en rueda de prensa en referencia a una noticia que afirmaba que el Ejecutivo comunitario se plantea multar a España por retrasar hasta marzo la presentación de los presupuestos.
El comisario de Asuntos Económicos ha eludido responder de forma directa cuando se le ha preguntado si el Ejecutivo comunitario cree que el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy ha inflado la cifra de déficit de 2011 al situarla alrededor del 8%, en lugar del 6% comprometido con Bruselas, para que los datos finales parezcan mejores, según una información recogida por la agencia Reuters que citaba a altos funcionarios como fuentes.
"A finales del año pasado, el nuevo Gobierno español identificó un desvío significativo en el déficit público, pero al mismo tiempo adoptó acciones rápidas para limitar esta desviación mediante varias medidas fiscales", se ha limitado a señalar.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha tachado de "rotundamente falsa" la supuesta sospecha de la Comisión Europea sobre las cifras de déficit del año pasado, y ha advertido de que "la credibilidad de España no puede ponerse en entredicho".
Sáenz de Santamaría, en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, ha destacado que la información de la agencia Reuters, en la que se dice que Bruselas cree que el Gobierno podría haber inflado el déficit, resulta "rotundamente falsa".
Lo demuestra, a su juicio, que "un portavoz autorizado" de la Comisión "de inmediato" y "en un breve plazo de tiempo" desmintió dicha información.
Sáenz de Santamaría, además, ha avisado: "La credibilidad de España no puede estar en entredicho, éste es un país que hace sus reformas, y ahora lo que toca es reformas".
También ha avanzado que el ministro de Economía, Luis de Guindos, se ha puesto en contacto con el comisario del ramo, Oli Rehn, para comunicarle que "no hay base" para semejantes suspicacias, si bien ha considerado que será la Comisión "la que tendrá que analizar de dónde procede" una información que la vicepresidenta, además, ha recalcado que procede de fuentes "sin nombres ni apellidos".
Zanjada la cuestión, Sáenz de Santamaría ha enfatizado que la tarea del Gobierno seguirá siendo atajar el déficit según las cifras conocidas, el 8 por ciento del PIB, y de acuerdo con el ritmo de reformas ya establecido, puesto que urge recuperar "la credibilidad y la confianza".
Preguntada por los Presupuestos de 2012, que el Gobierno mantiene que dará a conocer en marzo, la vicepresidenta ha insistido en que en el "plazo récord" de tres meses habrá unas nuevas cuentas públicas, y lo hará a pesar de que la Constitución estipula un plazo de nueve meses.
Dicha información ha sido negada por el Gobierno, según fuentes de Moncloa, desde donde señalan que el Ejecutivo mantiene además el compromiso de cumplir los objetivos planteados para este año -un déficit del 4,4 por ciento del PIB- y recuerda el ajuste de 15.000 millones de euros, con recorte de gasto y subida de impuestos, aprobado por el primer Consejo de Ministros.
Asimismo, la Comisión Europea ha desmentido este martes "categóricamente" que tenga sospechas de que el nuevo Gobierno español ha inflado la cifra de déficit público de 2011 al situarla en alrededor del 8%, en lugar del 6% pactado con la UE, con el objetivo de que los resultados de déficit de este año parezcan mejores.
"Desmiento rotundamente que la Comisión albergue duda alguna sobre las cifras españolas de déficit", ha dicho a Europa Press el portavoz de Asuntos Económicos, Amadeu Altafaj, en respuesta a una noticia que aseguraba que el Ejecutivo comunitario sospecha de una manipulación de los datos ofrecidos por el Gobierno de Mariano Rajoy.
"No hay indicio alguno de cualquier posible irregularidad", ha agregado.
La oficina estadística de la UE, Eurostat, es la responsable de verificar la veracidad de las cifras que envían los Estados miembros. Cada país tiene hasta el 31 de marzo para notificar a Bruselas los datos finales de déficit y deuda y Eurostat publicará las cifras agregadas tras haberlas comprobado alrededor del 20 de abril.
Hasta ahora, sólo Grecia ha protagonizado un caso sonado de maquillaje de cifras de déficit, que está en el origen de la actual crisis de deuda.
