La Abogacía del Estado apela la imputación de Franco y critica a la jueza que instruye el caso del 8-M

José Manuel Franco
José Manuel Franco |EFE

La Abogacía del Estado presenta recurso de apelación ante la imputación del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, y acusa a la jueza que instruye el caso del 8-M de abrir una causa general contra el Gobierno por la crisis sanitaria.

La jueza que investiga el 8-M cita como imputado a José Manuel Franco
La jueza que investiga el 8-M cita como imputado a José Manuel Franco
La jueza que investiga el 8-M cita como imputado a José Manuel Franco

La jueza que investiga el 8-M cita como imputado a José Manuel Franco

En su escrito, además, asegura que la jueza habla de sospechas y que las limitaciones de movimiento de personas no se produjeron hasta la declaración del Estado de Alarma.

José Manuel Franco no ha querido hacer declaraciones al respecto este miércoles durante un minuto de silencio en el que ha participado por el inicio de los diez días de luto oficial en España.

La Abogacía del Estado, ejerciendo la defensa del delegado del Gobierno en Madrid, ha apelado directamente a la Audiencia Provincial de Madrid solicitando la revocación del auto por el que la juez Carmen Rodríguez-Medel abrió la investigación penal por permitir la manifestación del 8-M en Madrid. El escrito critica duramente a la instructora, a la que acusa de convertir la instrucción "en una causa general acerca de la gestión de la crisis sanitaria" saltándose incluso las suspensiones procesales vigentes en el estado de alarma.

El recurso está firmado por la abogada del Estado Rosa María Seoane -la misma que defendió la tesis de la sedición durante el juicio por el 'procés' independentista en Cataluña-, y fue presentado el pasado 20 de abril, es decir, casi un mes antes de que se elaborara el informe de la Guardia Civil que se relaciona con la polémica destitución del jefe de la comandancia del instituto armado en Madrid, Diego Pérez de los Cobos.

A lo largo de 18 páginas, Seoane denuncia que la instructora ha ignorado las disposiciones del estado de alarma para los tribunales y ha vulnerado el derecho del delegado del Gobierno a un proceso con todas las garantías, por lo que solicita a la Audiencia que declare su nulidad.