La izquierda madrileña cuestiona el atestado por el que se imputa al Delegado del Gobierno

  • Más Madrid y Unidas Podemos lo consideran plagado de bulos, mientras PP, Vox y Ciudadanos reclaman explicaciones al Gobierno por el cese del coronel Pérez de los Cobos tras el informe de la Guardia Civil a la jueza en relación a la manifestación del 8-M
  • La jueza López Medel ha citado para el próximo día 5 de junio al Delegado del Gobierno en Madrid con objeto de declarar en sede Judicial

Más Madrid y Unidas Podemos han coincidido este martes en cuestionar el atestado de la Guardia Civil que ha derivado en la citación como imputado del delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, a quien el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid investiga por autorizar las manifestaciones del 8-M cuando ya había brotes de coronavirus. Mientras, el delegado del Gobierno, José Manuel Franco, guarda silencio.

La citación de Franco coincidió ayer con el cese del jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos, por orden del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que aludió "pérdida de confianza" al no haber comunicado el coronel, según fuentes cercanas al instituto armado, que había remitido al juzgado un informe sobre las manifestaciones del 8-M.

La imputación del Delegado del Gobierno en Madrid, ha provocado un revuelo que va más allá de la política madrileña. Según el informe de la Guardia Civil la manifestación del 8-M no debería haberse celebrado. Los portavoces de Unidas Podemos y Más Madrid lo cuestionan.

Según el portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Pablo Gómez Perpinyà,el informe del Instituto armado está "lleno de bulos y de noticias tergiversadas". Gómez Perpinyá ha tildado de "poco serio" que Franco haya sido imputado en virtud en dicho atestado, y ha aseverado que, dada la cantidad de eventos con gran afluencia de público que hubo aquel fin de semana, "echarle la culpa de la Covid-19 al 8-M es tan ridículo como ruin".

Por el contrario, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, cree que no tenían que haberse producido las marchas del 8-M así como otros múltiples eventos masivos pero, considera que eso "es fácil decirlo a posteriori".

La portavoz adjunta de Unidas Podemos, Sol Sánchez, sostiene que "lo que más nos preocupa de esto es que esta imputación esté fundada en un informe plagado de inconsistencias que cualquiera puede contrastar", ha apuntado. La diputada considera este atestado, un hecho "muy grave" y espera que sea corregido "porque les va en ello el propio prestigio".

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha tachado de "purga" la destitución del jefe de la Guardia Civil de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, una decisión que le recuerda "a regímenes totalitarios". La portavoz de Vox considera que Franco podría haber incurrido en un delito "casi de homicidio involuntario" si, sabiendo más información de la hecha pública, no la comunicó a la población "por sectarismo".

Ciudadanos también cree que el informe de la Guardia Civil está detrás de la imputación del Delegado del Gobierno. Su portavoz en la Asamblea, César Zafra, ha exigido al Gobierno que explique el cese "de forma transparente", y ha manifestado su "preocupación" por "el tipo de política que hace" el presidente, Pedro Sánchez. Zafra cree "que todo esto se debe a algún tipo de lucha política e ideológica".

El portavoz del PP, Alfonso Serrano, ha comentado que "si el delegado del Gobierno fuera un cargo del PP, mucha gente estaría pidiendo hoy su dimisión" y ha censurado que el Gobierno central haya "filtrado" el informe "para desprestigiar a la Guardia Civil y al trabajo de la propia jueza".

La jueza López Medel, la misma del caso Cifuentes ha citado para el próximo día 5 de junio al Delgado del Gobierno con objeto de declarar en sede Judicial.

Como testigos también están citados su Jefe de Gabinete, el Secretario general técnico de la Delegación y el Director de la Unidad de Seguridad ciudadana.

Mientras la jueza está a la espera de informes de Sanidad y del número de concentraciones multitudinarias que se celebraron en Madrid entre el 5 y el 14 de marzo, fecha en que se declaró el estado de alarma.

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