Bruselas expedientará al Madrid, Barça y otros 5 clubes españoles por ayudas ilegales

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La Comisión Europea (CE) abrirá esta semana una investigación oficial contra siete clubes de fútbol españoles por posibles ayudas de Estado ilegales, según adelantó el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo.

Los equipos afectados, por distintos motivos, son Real Madrid, Barcelona, Athletic, Osasuna, Valencia, Hércules y Elche, confirmó García-Margallo.

El ministro aseguró que para el Gobierno no se ha producido ilegalidad "en ninguno de los casos" y que por ello tiene preparadas alegaciones para todos ellos.

"Es obvio que el Gobierno va a dar la batalla hasta el final en defensa de los clubes españoles, que también forman parte de la marca españa", señaló García-Margallo.

La Comisión Europea investiga a los 7 clubes citados por tres motivos distintos, al considerar que se han podido beneficiar de apoyos públicos incompatibles con las normas comunitarias.

El Real Madrid, el Barcelona, el Athletic Club de Bilbao y el Osasuna son investigados por su estatus fiscal, pues son los cuatro clubes de Primera que no son sociedades anónimas y se considera que esto podría darles ventaja.

En segundo lugar, Bruselas investiga al Valencia, el Hércules y el Elche por las supuestas ayudas del Instituto Valenciano de Finanzas.

Además, el Real Madrid es investigado por una permuta de terrenos para la construcción de su ciudad deportiva y el Athletic por el papel de la sociedad pública puesta en marcha para construir el nuevo estadio San Mamés.

Bruselas había mantenido todas esas investigaciones en una fase preliminar, aunque algunas de ellas habían trascendido en respuestas a preguntas parlamentarias e informaciones de prensa.

Según García-Margallo, la Comisión Europea notificará oficialmente el expediente "el día 18 ó 19", momento en el que se abrirá "un procedimiento de un mes para preparar alegaciones, que ya están preparadas en todos los casos".

Posteriormente, indicó el ministro, habrá un plazo de tres meses para que cualquier otra parte presente alegaciones y luego se adoptará una decisión, por la que o bien se declarará que no hay ayudas incompatibles con el mercado interior y se cerrará el caso, o bien se obligará a las partes a una devolución.