La Mesa Social de la Cañada Real empezará a trabajar el 24 de junio

La Mesa Social de la Cañada Real, que desarrollará un plan de actuación para los 7.725 vecinos censados en esta zona de asentamientos del sureste de Madrid, con problemas urbanísticos desde hace medio siglo, se constituirá el próximo 24 de junio.

Así lo ha anunciado el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que ha asistido hoy a una paella organizada por vecinos de la Cañada Real para "celebrar los avances" impulsados por distintas administraciones tras la firma a finales de abril de un acuerdo marco para la recuperación de esta zona.

"Con este plan que hoy iniciamos tendrán que salir pequeños avances concretos para poder decir de aquí a unos años que la Cañada Real es un barrio más de Madrid con los mismos derechos para los vecinos que cualquier otro", ha señalado a los medios.

El presidente regional ha reconocido que "ha habido muchos años en los que la Cañada Real ha estado sin atender y desarrollándose al margen del resto de la Comunidad", por lo que en su opinión era "necesario acometer una solución para esta parte tan importante de Madrid".

TRES ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

Según ha explicado, la Mesa Social tendrá tres ámbitos de actuación (educativa y laboral, social y sanitaria, y comunitaria) y estará compuesta por representantes del Ejecutivo regional y de los Ayuntamientos de Madrid y de Coslada, dos de los municipios por los que discurre esta antigua vía pecuaria junto con Rivas, que no firmó el acuerdo marco.

También la conformarán organizaciones y entidades sociales relacionadas con la Cañada Real y asociaciones de vecinos de los seis sectores en los que está dividido este asentamiento, de 14,4 kilómetros de longitud y hasta 100 metros de anchura.

En el sector 6 se sitúan la mayoría de las infraviviendas y locales con problemas de índole delictiva, como el narcotráfico.

En el ámbito educativo y laboral se organizarán campañas de escolarización para luchar contra el absentismo escolar y se fomentará el conocimiento del español entre los inmigrantes "para mejorar su integración con los españoles que viven en la zona", según ha precisado el Gobierno regional en una nota de prensa.

En el aspecto social y comunitario se tratará de promover la "cohesión social y territorial" entre los habitantes de La Cañada, algunos de etnia gitana.

Por último, el área sanitaria se centrará en la mejora de las condiciones de "salubridad y habitabilidad" de la zona, se informará sobre el funcionamiento del sistema sanitario y se reforzarán las intervenciones a drogodependientes con programas específicos con las entidades sociales que trabajan en el asentamiento.

"Estamos en la buena dirección para solucionar los problemas de los vecinos de la Cañada", ha afirmado González, que en el acto de hoy ha charlado con representantes de siete asociaciones de vecinos, a los que ha entregado una copia del acuerdo marco.

GONZÁLEZ DESTACA EL "GRAN ESFUERZO ECONÓMICO"

El presidente madrileño ha destacado que por primera vez la Cañada Real será la zona prioritaria de actuación en la convocatoria de subvenciones para proyectos en materia de integración destinadas a entidades sin ánimo de lucro y que este año contarán con 1.315.000 euros.

Por otro lado, ha indicado que el Ejecutivo regional va a realizar "un gran esfuerzo económico" al destinar gran parte de los 600.000 euros procedentes de fondos del Estado a programas de reinserción social y, prioritariamente, a ayudar a familias con niños en la Cañada Real.

Además, la Comunidad de Madrid firmará próximamente un convenio de colaboración con la Fundación La Caixa por un importe de 495.000 euros para desarrollar tres proyectos cuya implantación correrá a cargo de entidades sociales que ya colaboran en esta zona, como la Fundación Secretariado Gitano y la Asociación Comisión Católica Española de Migraciones.

En este convenio se tratará de fomentar la convivencia ciudadana, se prestará atención a los niños en situación de pobreza para "incrementar sus oportunidades" y se trabajará para facilitar el acceso al mundo laboral de colectivos "especialmente frágiles", como discapacitados y personas en riesgo de exclusión social.