En sus alegaciones ha esgrimido que la compra "se ajusta plenamente a la legalidad, a los estatutos y competencias de la empresa pública y no supone un deterioro económico" para la misma

En este caso, el inmueble "se adquirió como espacio de apoyo a las consejerías para atender distintas necesidades institucionales", y "en ningún caso" como "vivienda oficial para la presidenta", señala

Insiste que ella no quiere una residencia oficial para vivir

A petición propia