Acampada en Sol: tiendas vacías, presencia de colectivos okupas y pérdidas de hasta 30 millones en el comercio

Cumple un mes la acampada ilegal en la Puerta del Sol y sus vías aledañas, como la calle Preciados y Arenal. Una imagen que deja más de 1.400 tiendas de campaña instaladas, la gran mayoría vacías durante la semana. Muchos de los propios participantes reconocen que solo acuden los fines de semana y pasan de lunes a viernes en sus domicilios. Sin embargo, la preocupación policial y social va en aumento debido a la composición real del asentamiento y a los graves perjuicios que está ocasionando en la zona.

Presencia de colectivos radicales y uso por parte de manteros

Según informan sindicatos policiales, la protesta está siendo capitalizada por grupos vinculados a movimientos anticapitalistas, antisistema, colectivos muy radicalizados y organizaciones narcoecológicas —como las responsables de vandalizar las obras de Goya en el Museo del Prado—.

Además, grandes centros sociales okupas de la capital están facilitando apoyo logístico para mantener vivo el asentamiento.

Entre las actividades internas se organizan talleres de pancartas o de menstruación. A esta situación se suma que un 30% de las personas que pernoctan en las tiendas son indigentes y personas sin hogar.

Desde el Ayuntamiento de Madrid se ha recordado que, en cuanto se proceda al levantamiento de la acampada, el SAMU Social y los equipos de calle intervendrán para darles la atención correspondiente.

Manteros en la acampada

Por otro lado, la acampada está sirviendo de parapeto a la actividad ilegal. Los manteros utilizan el espacio y las propias tiendas para esconder la mercancía y refugiarse para evitar las intervenciones de la Policía Municipal y Nacional.

El Ayuntamiento y la Comunidad exigen el desalojo al delegado del GobiernoTanto la Comunidad de Madrid como el Consistorio madrileño han vuelto a dirigirse formalmente al delegado del Gobierno para exigirle que cumpla con sus competencias y ordene el desalojo inmediato de la plaza.

Así, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha denunciado este sábado que "grupos violentos" de la acampada de Sol impiden la entrada de los Servicios Sociales y, en esta línea, ha replicado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que para atender a las personas vulnerables que pueda haber, primero hay que levantar el campamento.

En declaraciones a los medios, la consejera ha denunciado la existencia de "grupos violentos" que no permiten la entrada para poder atender a personas que puedan requerir la atención de los Servicios Sociales, en caso de haberlas, algo que ella desconoce.

"Para poder atender a las personas sin hogar, el Gobierno de España, en manos del delegado del Gobierno, tiene que desalojar para que podamos atender a las personas vulnerables que ahí dentro puedan existir, pueda haber, que desconocemos, insisto, porque los grupos violentos no permiten la entrada para que puedan actuar los Servicios Sociales", ha explicado.

Todo ello coincide además con el paso dado por la Fiscalía, que ha abierto diligencias por presuntos delitos de odio contra la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, proferidos en el marco de esta acampada.

El comercio del centro, al límite: miedo, presiones y desplome de ventas

Los grandes damnificados de este mes de acampada están siendo los comerciantes del centro. El sector calcula unas pérdidas acumuladas de entre 25 y 30 millones de euros en la zona afectada desde el inicio del asentamiento, registrándose en algunos establecimientos caídas de facturación de hasta el 70%.

El temor entre los comerciantes va en aumento y muchos prefieren no hablar públicamente por miedo a represalias. Un trabajador nocturno de un estanco cercano a la Puerta del Sol relata la situación de tensión diaria: presiones constantes fuera del horario permitido para la venta de alcohol, hurtos, intentos de agresión o altercados al no ceder a sus exigencias.

Según un empleado, grupos de hasta 20 personas encapuchadas han llegado a encararse y amenazarle a él y a su familia dentro del local.

Tras un mes de ocupación ilegal de la vía pública, comerciantes e instituciones coinciden en apelar a la actuación urgente de Delegación del Gobierno para recuperar la normalidad en el corazón de la capital.