Bruselas avisa de que la regularización en España no debe tener "consecuencias negativas" en el resto de la UE

La Comisión Europea ha avisado este martes de que aunque la regularización extraordinaria de migrantes prevista en España es una competencia exclusiva del Gobierno de Pedro Sánchez, las autoridades nacionales deben también garantizar que su aplicación no tendrá "consecuencias negativas" en el resto de países de la Unión Europea, por ejemplo que las personas que reciban un permiso de residencia no se instalan luego en otro Estado miembro.

"La migración es un reto compartido entre los Estados miembro y la Unión Europea (...). Algunos asuntos siguen bajo responsabilidad de los Estados miembro y al mismo tiempo esa responsabilidad supone que cada Estado miembro debe garantizar que sus decisiones no tienen consecuencias negativas en otras partes de la Unión Europea. Es un principio general de nuestra Unión", ha razonado el conservador austríaco, en un debate dedicado a la regularización en España en la sesión plenaria del Parlamento Europeo.

Brunner ha defendido además que un "permiso de residencia no es un cheque en blanco" para desplazarse por el conjunto de la Unión Europea y advertido de que existen "reglas claras" que deben ser tenidas en cuenta a la hora de impulsar planes de regularización nacionales, por ejemplo que si se detecta a un beneficiario de la medida residiendo ilegalmente en otro Estado miembro "debe regresar al país en donde se otorgó el permiso".

"Eso es lo que esperamos ver ahora en relación a las medidas anunciadas por España y otras similares que pueda haber en otros Estados miembro", ha remachado el comisario responsable de migración, quien ha querido dejar claro que la gestión migratoria debe responder a una "visión estratégica" del conjunto de la Unión, que garantice también una migración "segura, legal y, sobre todo, bajo control".

En dos votaciones, los eurodiputados de centroderecha y extrema derecha han unido fuerzas para exigir políticas migratorias más estrictas. Abren la posibilidad de que se puedan establecer centros de retorno fuera de la Unión Europea. Una medida que hasta ahora solo se había planteado la Italia del Gobierno Meloni.