Un nuevo estudio plantea que España podría verse obligada a retrasar la edad de jubilación hasta los 73 años para garantizar la viabilidad futura del sistema público de pensiones.
El informe alerta de que el progresivo envejecimiento de la población y la baja natalidad están reduciendo cada vez más la proporción entre trabajadores en activo y pensionistas, un desequilibrio que amenaza la sostenibilidad del modelo actual.
Los expertos advierten de que España afronta un importante reto demográfico, con una esperanza de vida cada vez mayor y menos nacimientos, lo que incrementa la presión sobre el sistema de protección social.
Según el análisis, mantener unas pensiones suficientes y estables obligará a adoptar medidas difíciles, entre ellas prolongar la vida laboral, aumentar cotizaciones o revisar el gasto público.
El debate sobre la jubilación vuelve así al centro de la discusión económica y social, en un contexto de incertidumbre sobre cómo financiar las pensiones de las próximas generaciones.
Los autores del estudio insisten en que cualquier reforma deberá buscar un equilibrio entre sostenibilidad financiera y garantía de unas pensiones dignas para el futuro.