El Tribunal de Cuentas ha aprobado la declaración de la Cuenta General del Estado de 2024 con una opinión favorable, aunque ha detectado incidencias como la utilización de fondos europeos "sobrantes" para atender el pago de pensiones de clases pasivas y complementos a mínimos por importe de 2.389,4 millones de euros.
Ese dinero se usó al considerar que no se comprometía el cumplimiento del plan de recuperación ni la capacidad de absorción de los fondos europeos del mecanismo de recuperación y resiliencia, si bien el Tribunal considera que la actuación se ha llevado a cabo bajo unos fundamentos jurídicos que tendrían que haber quedado mejor justificados, de acuerdo con el comunicado difundido este martes.
A juicio del Tribunal se trata de una de las consecuencias de no contar con un proyecto de presupuestos generales del Estado para 2024, lo que llevó a modificaciones presupuestarias para poder atender un gasto adicional de 77.341,9 millones de euros que hubieran sido mayoritariamente financiados con deuda pública de no haber sido por el buen comportamiento de los ingresos.
Asimismo, la declaración enfatiza que la Seguridad Social recoge por octavo año consecutivo un patrimonio neto negativo de 106.138,7 millones a 31 de diciembre de 2024, financiado principalmente a través de préstamos del Estado cuyo importe acumulado en 2024 ascendía a 126.170,2 millones, un 7,91 % del PIB.
El Tribunal de Cuentas viene advirtiendo sobre esta situación en sucesivas declaraciones y ha incidido en la necesidad de adoptar medidas que garanticen la sostenibilidad financiera del sistema a medio y largo plazo.
También ha destacado la existencia de "un importante déficit estructural" en la gestión de la incapacidad temporal por contingencias comunes (baja laboral por enfermedad común) en las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, que alcanza 2.677,3 millones.
La declaración sobre la Cuenta General del Estado (CGE) ha sido aprobada con un voto particular en contra y seis votos concurrentes explicativos (a favor pero con disensiones).
El ejercicio de fiscalización permite concluir que la Cuenta General del Estado de 2024 "representa fielmente la situación económico patrimonial y presupuestaria del sector público estatal", excepto por determinadas salvedades.
Entre ellas figura la sobrevaloración del resultado presupuestario consolidado en 4.090,3 millones por una incorrecta imputación temporal de ingresos y gastos, así como la sobrevaloración de los deudores tributarios y no tributarios por 11.263 millones o la infravaloración de deudores de la Seguridad Social, SEPE y FOGASA por 2.643,9 millones de euros.