Los menores tendrán que ser escuchados en los procesos que les afecten
- Tanto en el ámbito judicial como en el administrativo, sin límite de edad
- En el caso del hijo de Juana Rivas, que tenía 11 años, el juez no aceptó escucharle
El Gobierno ha aprobado en primera vuelta la ampliación de ley de protección a los menores frente a la violencia que obliga a escucharles sin límite de edad en los procesos judiciales y administrativos que les afectan e impide la custodia compartida si puede afectar negativamente a su bienestar físico o emocional.
El anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros este martes, impulsado por el Ministerio de Juventud e Infancia, refuerza la protección de los menores y su interés superior, que tendrá que justificarse cómo protege mejor su bienestar físico, emocional y psicológico expresamente en todos los actos y resoluciones administrativas y judiciales.
Entre las modificaciones, se garantizará el derecho a la escucha de niños y niñas en cualquier proceso, independientemente de su edad. Hasta el momento, era obligatorio a partir de los 12 años o en los menores de una "madurez suficiente", lo que ha provocado que en muchos casos su opinión no haya sido tenida en consideración, como en el caso del hijo de Juana Rivas, que tenía 11 años y el juez no aceptó escucharle.
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El nuevo texto prohíbe el Síndrome de Alienación Parental (SAP) u otra teoría similar sobre la manipulación de uno de los progenitores a sus hijos para que rechacen al otro, aplicada por algunos tribunales, por lo que las resoluciones que se basen en esos planteamientos podrán ser impugnadas.
En muchos casos la opinión del menor no ha sido tenida en consideración. Al hijo de Juana Rivas, que tenía 11 años, el juez no aceptó escucharle
Con la reforma se endurecen las condiciones para trabajar con menores, evitando que ningún profesional condenado por delitos relacionados con la infancia y la adolescencia pueda ejercer y seguir en contacto con los niños en escuelas, clubs deportivos u otros espacios de ocio.
La ministra Sira Rego ha explicado que en esta ley no se aborda "la cuestión de las visitas, que se hará en la ley de violencia vicaria", pero sí se establecen unos criterios que serán tenidos en cuenta a la hora de estipularlas, como que "lo prioritario es que el niño y la niña viva en un entorno libre de violencia y alejados de sus presuntos agresores".
La norma recoge que si un menor expresa rechazo hacia uno de sus progenitores, el sistema deberá investigar las causas de este y proteger al menor de edad
La norma recoge que si un menor expresa rechazo hacia uno de sus progenitores, el sistema deberá investigar las causas de este y proteger al menor de edad.
Además, refuerza que no podrá establecerse custodia compartida cuando existan indicios de que esa decisión puede afectar negativamente a la salud física, psíquica o emocional de la persona menor de edad.
También incorpora que bastará el consentimiento de un solo progenitor para que un niño víctima de violencia pueda acceder a atención psicológica, social o jurídica y evitar que el agresor pueda tener capacidad de veto sobre la reparación que necesita el menor.
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La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha recordado que "el asesinato de 68 menores por violencia de género entre 2013 y marzo de 2026 evidencia la necesidad de seguir avanzando en la mejora del sistema de protección".
