Los máximos responsables de la Guardia Civil imputados por indicios de prevaricación y obstrucción a la justicia

Los dos máximos responsables de la Guardia Civil, el político y el operativo, están imputados a petición de la Fiscalía Anticorrupción. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha imputado a la directora general, Mercedes González por un delito contra la administración de la Justicia y prevaricación, por obstaculizar las investigaciones del Instituto Armado contra el entorno personal y político de Pedro Sánchez. También imputa por los mismos delitos al teniente general Manuel Llamas, actual Director Adjunto Operativo (DAO) de la Guardia Civil y que según acredita la propia UCO ordenó a los agentes ponerse de perfil en las causas vinculadas al Gobierno.

Santiago Pedraz, ha acordado citar como investigados el próximo 16 de julio a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, Manuel Llamas. Así se desprende de una providencia de este jueves, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que Pedraz concluye que existen indicios de presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia por parte de estos dos altos cargos de la Benemérita.

Tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones populares lideradas por el PP habían solicitado la imputación de González y Llamas.

A quien no imputa el magistrado es al anterior director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, pedido solo por los 'populares', al considerar que no existen indicios en su contra.

De esta forma, tanto González como Llamas engrosan la lista de imputados en la investigación sobre la presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE, que habría liderado el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado la exmilitante Leire Díez.

La directora general de la Guardia Civil aseguró el pasado mayo en el Senado que "nunca, jamás" ha interferido en ninguna investigación de la Unidad Central Operativa (UCO), ni tampoco presionado a ningún agente ni participado en ninguna trama para anular causas judiciales.

González reconoció en su comparecencia ante la Comisión de Interior dos encuentros con Díez, si bien la UCO apuntó en un informe a la existencia de al menos tres reuniones entre ambas.

"Valiéndose de la relación que mantenía con la directora general de la Guardia Civil y a través de esta, en un momento dado y en el marco de las actuaciones que venía desarrollando, Leire Díez marcó como uno de sus objetivos el llevar a cabo 'investigaciones internas' en el seno de la Guardia Civil dirigidas contra la Unidad Central Operativa", indicaron los investigadores.

El Gobierno, como ya lo hizo en su día el presidente Pedro Sánchez, mantiene su apoyo a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, tras su imputación en el caso Leire.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mantiene su confianza en Mercedes González y en el director adjunto operativo (DAO) del cuerpo, Manuel Llamas, tras su imputación en el caso Leire. Ambos seguirán ejerciendo sus funciones como hasta ahora, según han informado a EFE fuentes de su departamento.

También el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este jueves que recibe con "absoluta tranquilidad" la decisión del juez de citar a la directora general de la Guardia Civil como imputada en su investigación del llamado caso Leire, mientras la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha apelado este jueves al respeto a la Justicia y la presunción de inocencia al ser preguntada por las nuevas imputaciones del caso Leire.

Por el contrario, las Asociaciones de la Guardia Civil han exigido este jueves la dimisión "con urgencia" de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González y del director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, tras su imputación.

En un comunicado, AUGC ha subrayado la "gravedad" de la imputación del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y ha puesto el foco en las reuniones mantenidas por Mercedes González y Leire Díez, así como en las instrucciones a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) para ponerse de perfil y no ser proactivos. "La situación es insostenible. Cualquier guardia civil investigado por hechos vinculados al servicio sufre consecuencias inmediatas en su carrera profesional", ha expuesto AUGC, que ha añadido que "no cabe un doble rasero" para la cúpula del Instituto Armado.

Jucil también ha pedido la dimisión, incluyendo la del ministro Fernando Grande-Marlaska. "La permanencia de ambos en sus respectivos cargos públicos resulta completamente insostenible y compromete gravemente el prestigio y la neutralidad de la institución", ha señalado en un comunicado. "Quien debe liderar a los guardias civiles en la persecución del delito no puede estar bajo la lupa de los tribunales como investigada", ha añadido Jucil, que ha pedido a Mercedes González que deje el cargo de forma inmediata "por dignidad institucional". En este sentido, la asociación ha contrapuesto la "ejemplaridad" de la UCO y de los guardias civiles que se juegan la vida en la calle con el "descrédito" de sus máximos responsables políticos. "Es la gota que colma un vaso ya desbordado por la sombra de la sospecha", ha enfatizado.

Otras organizaciones como AEGC han sido más cautas y han pedido que "se deje trabajar a la Justicia para esclarecer los hechos" objetos de investigación, empezando por la UCO, que tiene que hacer su labor "con total libertad". "Defendemos el derecho a la presunción de inocencia, pero la directora solo tiene una salida para evitar seguir perjudicando el buen hacer de la Guardia Civil", ha dicho.

APROGC es otra de las organizaciones que han reaccionado a la imputación mostrando su "indignación" por ver a la Guardia Civil salpicada por unas circunstancias que ha calificado de "lamentables". "Siempre nos quedará la UCO; los ciudadanos pueden confiar en su Guardia Civil", ha indicado

En la providencia dictada por el juez Pedraz, el magistrado también requiere al PSOE que "identifique a la persona que suscribió el contrato de asesoramiento jurídico" con el abogado de Cerdán, Jacobo Teijelo --también imputado--, "indicando el cargo que ostentaba y el título habilitante o acuerdo en cuya virtud actuó".

Cabe recordar que Teijelo declaró como investigado la semana pasada haber recibido 125.000 euros de los socialistas para realizar servicios de asesoría jurídica, según fuentes jurídicas.

También Pedraz solicita a la empresa pública Residuos Urbanos de Jaén que entregue "de forma inmediata" la documentación sobre su relación laboral con la mujer que tuvo un conflicto legal con el fiscal José Grinda, quien denunció un intento de soborno por parte de Díez a cambio de información comprometida de otros fiscales.

Así, Pedraz pide información sobre su contrato, funciones asumidas, dependencia jerárquica y causas de la extinción de la relación laboral, así como "documentación o información relacionada con el proceso de selección" para la contratación de la mujer.

Sobre este extremo, la UCO manifestó que Díez contactó en marzo de 2025 con el diputado socialista Juanfran Serrano, entonces mano derecha de Cerdán, para intentar facilitar a la mujer un trabajo dentro del PSOE, tarea para la cual fue citada en Ferraz por la exmilitante.