La acusación del caso Leire pide imputar a la directora de la Guardia Civil, a su antecesor y al DAO

El Partido Popular, que lidera la acusación popular en el 'caso Leire Díez', ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que investiga la causa que llame como imputada a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González. Así consta en un escrito dirigido al juez Santiago Pedraz en nombre de las acusaciones populares del caso, en el que se investigan presuntas maniobras para intentar desestabilizar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE.

Los 'populares' también piden que cite como imputados al anterior director general, Leonardo Marcos, y al director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, Manuel Llamas.

A su juicio, que los tres puedan ser llamados como testigos es "incompatible con el contenido material de los indicios que pesan" sobre los tres y supondría "un fraude procesal en perjuicio del derecho de defensa y del propio principio de igualdad de armas, en la medida en que les impone la obligación de declarar bajo juramento, con riesgo de incurrir en falso testimonio". Y encajan los hechos de modo "indiciario" en presuntos delitos de prevaricación administrativa, obstrucción a la justicia y deslealtad profesional, revelación de secretos por funcionario público, y pertenencia o cooperación con organización criminal.

Esta petición se produce un día después de la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la 'comisión Koldo' del Senado, donde defendió el "buen hacer" de Mercedes González y rechazó haber mentido o dado versiones contradictorias sobre los contactos entre Leire Díez y la jefa de la Guardia Civil.

El PP considera "acreditado", a partir de las pesquisas, que entre Mercedes González y Leire Díez "existió una relación personal y reiterada, previa al nombramiento de la primera, que continuó tras su toma de posesión como directora general el 17 de septiembre de 2024, materializándose en, al menos, tres reuniones presenciales y múltiples contactos por mensajería instantánea".

Y expone que la Unidad Central Operativa (UCO) "concluye, sobre la base de mensajes interceptados, anotaciones de agenda y audios incorporados a las actuaciones, que Díez utilizaba conscientemente su relación con González para impulsar actuaciones administrativas internas en el seno de la Guardia Civil dirigidas contra la propia UCO".

Al respecto, el partido hace hincapié en un audio en el que se escucha a Díez, durante una reunión con el capitán y exagente de la UCO Juán Sánchez Yepes, decir: "Esto, en principio, en principio, mi siguiente conversación va a ser con la directora de la Guardia Civil. Es de mi confianza".

"Concurre, por tanto, un propósito delictivo explícito de instrumentalizar la relación con la directora general para inquietar el normal desenvolvimiento de la actividad investigadora de la UCO", sostiene.

También señala que el sumario "evidencia una correlación material entre los contactos de González con la trama y la adopción, por parte de la cúpula de la Guardia Civil, de medidas administrativas dirigidas precisamente contra los mandos y agentes de la UCO que investigaban al entorno del Gobierno y del PSOE".

"Esta sincronía temporal --contactos con la trama, borrado de comunicaciones e inmediata apertura del expediente interno contra la UCO-- no admite, a juicio de esta acusación, lectura distinta de la propia de un acto causalmente conexo con la actividad delictiva que se investiga", agrega.

"CONTRADICCIONES SUCESIVAS"

A juicio del PP, la directora de la Guardia Civil "ha incurrido en contradicciones sucesivas" sobre los hechos investigados, ya que "inicialmente, a través del Ministerio del Interior, se negó toda reunión con Díez" y, tras hacerse público un informe de la UCO, "reconoció dos reuniones en cafeterías".

La formación señala que después "admitió tres, alegando que la segunda no la recordaba y la tercera versó sobre 'cuestiones personales y familiares'", así como que "reconoció que en uno de los encuentros Díez le solicitó la readmisión del comandante Rubén Villalba", imputado en el 'caso Koldo'.

"A ello se añade la activación, el 11 de mayo de 2025, del borrado automático de WhatsApp con cadencia de 24 horas, así como la eliminación de la conversación previa.

La destrucción dolosa de fuentes de prueba contemporánea a la apertura del expediente interno contra la UCO es, en sí misma, indicio adicional de relevancia", apostilla.

Los 'populares' indican que, según las declaraciones como testigos ante el juez de altos mandos de la Guardia Civil, "la cúpula ordenó la apertura de al menos tres informaciones reservadas dirigidas exclusivamente contra el DIECAN de la UCO, todas ellas en coincidencia temporal con avances investigadores en causas que afectaban al entorno del presidente del Gobierno".

De esas testificales, inciden en las de los generales Alfonso López Malo y Rafael Yuste, exjefes de la UCO que ratificaron ante Pedraz que Leonardo Marcos y Manuel Llamas les pidieron "ponerse de perfil" y "no ser proactivos" en aquellas causas con "afectación política", en particular la del hermano de Pedro Sánchez.

Y aseguran que declararon que en sus trayectorias profesionales no habían conocido la apertura de informaciones reservadas "de tal cadencia ni con tal grado de focalización sobre una sola unidad, calificándolas de 'excepcionales', 'no habituales' y constitutivas de un 'intento de intimidación'".