Los empresarios madrileños piden cambios en el Ingreso Mínimo Vital para evitar que las ayudas desincentiven el empleo

Crece el debate sobre el efecto que tienen algunas prestaciones sociales en la incorporación al mercado laboral. Los empresarios madrileños reclaman cambios en el sistema de ayudas y subvenciones para incentivar la búsqueda de empleo y facilitar la vuelta al mercado laboral.

La patronal madrileña CEIM pone el foco en unas políticas que, a su juicio, pueden terminar reduciendo los incentivos para encontrar un trabajo cuando se prolongan determinados periodos de percepción de ayudas.

Según los datos aportados por CEIM, alrededor de 2,5 millones de personas reciben actualmente el Ingreso Mínimo Vital, mientras que otras 466.000 perciben el subsidio por desempleo.

El debate se produce además después de que el Ingreso Mínimo Vital haya ampliado su alcance a nuevos perfiles, entre ellos jóvenes que conviven con sus padres, una medida que ha vuelto a poner el foco sobre el diseño y la finalidad de estas prestaciones.

La AIReF ya ha analizado el efecto del Ingreso Mínimo Vital sobre el acceso al empleo. Según sus estudios, la prestación reduce en torno a un 12% la probabilidad de trabajar, con un impacto especialmente significativo entre los menores de 30 años y en los hogares monoparentales.

Estos datos han alimentado un debate que también se ha trasladado a las redes sociales, donde se enfrentan distintas posiciones sobre cómo debe combinarse la protección económica de las personas en situación de vulnerabilidad con los incentivos para acceder a un puesto de trabajo.

La Fundación Civismo considera que las prestaciones por desempleo cumplen una función esencial de protección, aunque advierte de que unos beneficios demasiado prolongados o generosos pueden contribuir a alargar los periodos de permanencia fuera del mercado laboral.

Los expertos plantean, por ello, la necesidad de revisar algunos programas de asistencia y reforzar las políticas activas de empleo. El objetivo sería que las ayudas proporcionen una red de protección sin convertirse en un obstáculo para la incorporación o reincorporación al mercado laboral.

La cuestión pasa así por encontrar un equilibrio entre la protección de las personas con menos recursos y un sistema que favorezca de manera efectiva la búsqueda de empleo y la autonomía económica.