Los afectados por el Plan 18.000 reclaman precio de suelo protegido

  • En los años 80, el Ayuntamiento cedió a varias cooperativas diferentes terrenos dispersos por toda la ciudad para que los vecinos pudieran acceder a una vivienda de protección oficial
Foto: TELEMADRID |Vídeo: Telemadrid

Esta mañana han protestado en la Plaza de la Villa donde se ha celebrado la comisión de desarrollo urbano. Les ha acompañado la candidata socialista a la alcaldía Reyes Maroto. Ya en el interior, el delegado Mariano Fuentes ha planteado a los grupos modificar el acuerdo de la Villa que impide enajenar suelo protegido.

Las alrededor de 8.000 familias que residen en pisos del Plan 18.000 explicaban esta semana en un comunicado que, en los años 80, el Ayuntamiento cedió a varias cooperativas diferentes terrenos dispersos por toda la ciudad para que los vecinos pudieran acceder a una vivienda de protección oficial.

Según la nota, en el Plan 18.000 se pactó que los vecinos serían "dueños de sus hogares durante 75 años, pero no así de la parte correspondiente del suelo", y fue por ello que el Consistorio ofreció "en ciertos periodos la compra del suelo a los vecinos para que pudieran hacerse con el pleno dominio".

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El último ofrecimiento "estuvo vigente hasta enero de 2018", pero el Ayuntamiento "ha retrasado durante cinco años la posibilidad de comprar el suelo a precio de protección oficial con el objetivo de valorarlas a precio libre de mercado", lo que hace pensar a los afectados que el Ayuntamiento "puede no haber actuado de buena fe", dicen los afectados.

El pasado jueves, Almeida achacó a los Acuerdos de la Villa que se haya tenido que ofrecer a los inquilinos de las viviendas del Plan 18.000 el suelo donde se ubican sus viviendas a precio de mercado, al tiempo que tendió la mano a los grupos.

El concejal del PSOE y portavoz de asuntos urbanísticos del Ayuntamiento de Madrid, Pedro Barrero, pidió el viernes pasado la paralización del expediente y pliego de condiciones sobre la enajenación del suelo procedente del plan 18.000 y ha instado al Gobierno municipal a que lo “reevalúe” y lo “reconsidere”.

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