Las acusaciones no creen al Fiscal general del Estado: impuso una "sentencia popular"

El juicio contra el Fiscal general del Estado culmina este jueves con las conclusiones de las partes. Durante la mañana las acusaciones han dejado claro que no creen al Fiscal general y le consideran culpable del delito de revelación de secretos. Creen que el hecho de borrar su móvil y los correos le incriminan.

La acusación del Colegio de la Abogacía ha subrayado en su tiempo de intervención que la Fiscalía puso una "carga venenosa" en la nota informativa que se hizo pública tras la filtración. La defensa del empresario González Amador cree que la filtración construyó el relato institucional de culpabilidad para que el gobierno le considerara un delincuente confeso y así sentenciarle

Las acusaciones populares no han dado credibilidad a la versión con la que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, defendió su inocencia en el juicio.

Tanto la acusación particular que ejerce Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, como los abogados de cuatro acusaciones populares han apuntado directamente al fiscal general como la persona que filtró el correo en el que el abogado de este empresario reconocía un fraude a Hacienda para llegar a un pacto.

Para el autodenominado sindicato Manos Limpias, es la "única explicación razonable". Su abogado ha subrayado que "no existe una alternativa" dado que "se ha eliminado todo el rastro de prueba de descargo que podría haber" ante el borrado del móvil del fiscal general.

Antes que él, el letrado de Fundación Foro Libertad y Alternativa ha tachado de "inverosímil" tanto el testimonio de García Ortiz como de dos periodistas que aseguraron haber conocido el correo antes que él, y ha considerado "intrascendente" que supiesen que la iniciativa de la conformidad partiese de la pareja de Díaz Ayuso. "Lo esencial", para él, es "la difusión del contenido concreto del correo".

También el abogado del Colegio de la Abogacía de Madrid ha considerado que la credibilidad de los periodistas que dicen que tuvieron acceso al correo clave antes que el fiscal general "está puesta en solfa".

La última acusación en intervenir ha sido la del abogado de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) -muy crítica con la labor de García Ortiz al frente del Ministerio Público-, quien ha cuestionado que los periodistas se amparasen en el secreto profesional cuando, ha dicho, el código deontológico les autoriza a revelar las fuentes para evitar que un inocente sea condenado.

Por el contrario, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, ha defendido este jueves que "aún en la hipótesis" de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, hubiera "filtrado" el correo relativo a Alberto González Amador --pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso-- cuando lo tuvo en su poder, "en ese momento era impune porque la noticia ya era conocida por muchos medios" de comunicación.

Sánchez Conde entiende que no hay indicios suficientes para condenar al jefe del Ministerio Fiscal por un delito de revelación de secretos, al recalcar que varios periodistas tuvieron acceso al correo sobre González Amador antes que el propio García Ortiz, que no lo recibió hasta la noche del 13 de marzo de 2024.

Asimismo, Sánchez Conde ha aprovechado su intervención para defender también que "el borrado" que hizo el fiscal general de sus chats de WhatsApp "aparte de legítimo no ha tenido ninguna trascendencia en esta causa"