La AIReF ratifica el cumplimiento de la regla de gasto de pensiones pero dice que no garantiza su sostenibilidad

La Autoridad de Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha constatado el cumplimiento de la regla de gasto de pensiones, pero ha vuelto a advertir, como en años anteriores, de que no garantiza la sostenibilidad del sistema, lo que ratifica las conclusiones de su estudio de 2025.

La presidenta de AIReF, Inés Olóndriz, ha señalado este viernes en la rueda de prensa de presentación del estudio que "no debería sorprender" que no haya cambios, ya que se trata de un análisis de algo estructural a largo plazo, por lo que es "difícil" que en un año "cambien tanto las cosas".

En este sentido, el estudio de este año concluye que la regla de gasto de pensiones vuelve a cumplirse formalmente y que el gasto en pensiones neto de medidas de ingresos se situará en el 13% del PIB promedio entre 2022 y 2050, tres décimas por debajo del umbral del 13,3% previsto en el real decreto-ley aprobado por el Gobierno.

Las previsiones de la AIReF suponen una mejora de casi dos décimas con respecto a su informe del año anterior, que preveía un gasto del 13,2%, y viene explicado por una mayor estimación del impacto de las medidas de ingresos para fortalecer el sistema.

En concreto, el gasto bruto público en pensiones se mantiene en el 14,6% del PIB promedio en el periodo 2022-2050, tras incorporar los datos observados de PIB y gasto en pensiones de 2024 y 2025, mientras que las medidas de ingresos se revisan al alza y se sitúan en el 1,6% del PIB en promedio entre 2022 y 2050.

IMPACTO PRÁCTICAMENTE NULO DE LA REGULARIZACIÓN DE INMIGRANTES

La AIReF mantiene su estimación del impacto de las medidas del informe anterior, salvo en el caso de la reforma de las cotizaciones de trabajadores autónomos, que ahora se estima con los datos reales de los rendimientos declarados en 2023 y 2024 frente a las estimaciones del año anterior.

En cuanto a la regularización de inmigrantes, la autoridad estima un impacto "prácticamente nulo" a largo plazo.

La AIReF también mantiene las conclusiones sobre las sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo recogidas en el informe de 2025. Así, subraya que el cumplimiento formal de la regla no implica que desaparezcan las tensiones sobre la sostenibilidad de las cuentas públicas.

De esta forma, en un escenario a políticas constantes, la deuda iniciaría una trayectoria ascendente a largo plazo, impulsada por el envejecimiento de la población, "agravado por la situación de vulnerabilidad de las finanzas públicas".

Así, tras actualizar las previsiones demográficas, macroeconómicas y fiscales, este escenario lleva la deuda a un 123% del PIB en 2050.

Olóndriz ha recalcado que esta estimación de crecimiento de deuda "es un poquito menos" de lo que se veía el año anterior, pero que "la tendencia se mantiene" por el envejecimiento de la población, un proceso que "va a presionar el gasto público en distintos elementos", "principalmente en pensiones", pero también en sanidad o cuidados.

En este punto, la AIReF estima que el gasto en sanidad aumentará hasta alcanzar el 7,9% en 2050, mientras que el gasto en cuidados de larga duración seguirá una senda creciente del gasto en cuidados de larga duración hasta el 1,6% del PIB.

El envejecimiento de la población seguirá presionando el gasto público, sobre todo en pensiones, sanidad y cuidados de larga duración.

Olóndriz también ha recordado que, como ya ha manifestado la AIReF anteriormente, la regla de gasto "no es adecuada y tiene problemas de diseño. En primer lugar, considera que la regla parte de una "visión parcial" de la sostenibilidad que se limita al gasto en pensiones en nivel sobre el PIB y a una definición "imprecisa" de medidas de ingresos. Por tanto, las referencias de la regla no guardan relación con la sostenibilidad de las cuentas públicas y, por eso, su cumplimiento es compatible con un aumento de la deuda pública.

LAS TRANSFERENCIAS DEL ESTADO CRECERÁN HASTA EL 3% DEL PIB

Además, estima que para financiar el aumento del gasto en pensiones que se prevé, las transferencias del resto de los Fondos de la Seguridad Social o de la Administración Central deberán aumentar 2,3 puntos hasta alcanzar el 3% del PIB, lo que reduciría los recursos para otras políticas de gasto o el recurso al endeudamiento, lo que le parece "difícil de compatibilizar" con los marcos fiscales europeo y nacional.

Así, Olóndriz ha subrayado que si los fondos para la Seguridad Social crecen "por encima de lo que tiene que crecer en conjunto", algún subsector "debería crecer por debajo" para cumplir con los compromisos de la Unión Europea.