La Delegación del Gobierno en el País Vasco ha comunicado a la Fiscalía el anuncio, a la espera de autorización, de un homenaje al etarra Henri Parot. Se trata de uno de los terroristas mas sanguinarios de la historia de ETA, culpable de 85 asesinatos.
El entorno abertzale ha anunciado una marcha en su apoyo el día 18 en Mondragón.
Sindicatos de Policía y Guardia Civil han expresado hoy su malestar. Piden leyes que impidan estos homenajes que humillan a las víctimas aunque reconocen que la Delegación del Gobierno en Euskadi "poco más puede hacer" tras remitir el asunto a la Fiscalía.
El secretario general de JUCIL, Ernesto Vilariño, y el secretario de organización de JUPOL, Aarón Rivero, han asegurado, en declaraciones a los periodistas tras su reunión con Itxaso, que no entienden "cómo se puede permitir" la celebración de este tipo de actos, que considera un ejercicio de "enaltecimiento" de los miembros de ETA.
"En democracia, las instituciones no se pueden poner de perfil. Este tipo actos no se deberían permitir en democracia, igual que no entenderemos que se haga un homenaje a quienes cometieron los atentados del 11-M", han manifestado.
Desde ambas organizaciones se ha explicado que el delegado del Gobierno también les ha transmitido su "malestar" ante la convocatoria de este acto, que ha escuchado las "preocupaciones", y que ha atendido a la "indignación" que le han trasladado.
JUCIL y JUPOL han lamentado que las instituciones "no muestran la contundencia que deberían" ante este tipo de convocatorias. "Da la impresión de que lo que se está intentando hacer es borrar un pasado doloroso para muchas personas; no entendemos que Parot pueda ser homenajeado sin consecuencias y que las víctimas sean silenciadas continuamente", han añadido.
En todo caso, han reconocido que al trasladar el caso a la Fiscalía, la Delegación del Gobierno ha hecho "lo que tiene que hacer". "Poco más puede hacer", han explicado, motivo por el cual ambos colectivos han reclamado que se impulse un cambio de legislación para evitar que se puedan celebrar este tipo de actos.
Tras la reunión, fuentes de la Delegación del Gobierno han reiterado que esta carece de "competencias" para impedir la celebración de la marcha, motivo por el cual ha trasladado el caso a la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
