La jueza que investiga el derrumbe de la pasarela de El Bocal, en Santander, ha imputado a dos funcionarios de la Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, al apreciar indicios de negligencia en el mantenimiento de la infraestructura.
En un auto judicial, la magistrada sostiene que este organismo era el único responsable de garantizar la conservación de la pasarela, al tratarse de una obra que nunca fue finalizada ni recepcionada oficialmente por el ayuntamiento.
Los investigados son el jefe de servicio de proyectos y obras y el director de obra vinculado al proyecto de la senda costera. Ambos ocupaban cargos directamente relacionados con la supervisión y el mantenimiento de la estructura.
El accidente, ocurrido el pasado 3 de marzo, provocó la muerte de seis jóvenes tras el colapso de la pasarela. Según los informes incorporados a la causa, la estructura presentaba un avanzado estado de deterioro, con elementos metálicos completamente oxidados.
La investigación también apunta a que las últimas reparaciones realizadas en 2024 fueron insuficientes, ya que se centraron únicamente en la madera, sin abordar los daños estructurales en otras partes clave.
Además, aunque la responsabilidad principal recaía en Costas, la jueza recuerda el Ayuntamiento tenía competencias en materia de seguridad pública y debía haber actuado si el riesgo era visible.
El caso sigue abierto mientras se analizan nuevos informes periciales que determinen el alcance de las responsabilidades en una tragedia que ha generado una fuerte conmoción social.