El rescate lleno de dudas de Plus Ultra a quien el Gobierno de Sánchez concedió 53 millones de euros en marzo de 2021
- El informe accionarial de la SEPI aseguraba que era española pero el accionista mayoritario era venezolano, Rodolfo Reyes
- Entre las condiciones para conceder un rescate, una era no tener deudas con la Seguridad Social pero Plus Ultra las tenía
Tras la confesión ente el juez Calama de Julio Martínez, el socio de Zapatero, las dudas se centran en los procedimientos que se siguieron para que el Gobierno de Sánchez rescatara la aerolínea Plus Ultra.
El Consejo de Ministros del 9 de marzo de 2021 aprueba concederle 53 millones de euros. Según ha contado en su escrito al juez el presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, se habría rescatado a una empresa de capital venezolano. Porque aunque en los informes enviados a la SEPI consta que es española, su presidente dice que los datos del accionariado están falseados.
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Es Martínez Sola, el presidente de Plus Ultra el que revela con su confesión al juez las contradicciones del rescate del gobierno.
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La aerolínea tenía entonces cuatro aviones pero uno tan solo operativo, y el accionista mayoritario era venezolano, Rodolfo Reyes. Pero el informe de la Agencia de Seguridad Aérea, dependiente del Ministerio de Transportes, que llega a la SEPI para que aprueben el rescate dice otra cosa. El capital social está en manos de dos empresas españoles. Pero según cuenta Martínez Sola al juez eso no es verdad. El propietario de Plus Ultra en un 64% es el venezolano, pero eso plantea un problema: no podríamos rescatar una empresa que no es española.
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El Gobierno de Pedro Sánchez sigue manteniendo la legalidad del procedimiento todavía esta semana.
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Pero no fue esta, la única anomalía. Entre las condiciones para conceder un rescate, una de las condiciones es que no tenga deudas con la Seguridad Social. Plus Ultra las tenía, pero se les concedió un aplazamiento especial.
El Gobierno niega trato de favor a Plus Ultra en sus deudas con la Seguridad Social
José Luis Escrivá, entonces ministro de Seguridad Social y hoy gobernador del Banco de España, que reconoce haberse reunido el 7 de febrero con José Luis Rodríguez Zapatero, niega haber intervenido, pero 29 días después de esa reunión su ministerio aplaza la deuda a Plus Ultra.
