El padre de una de las víctimas del despacho de abogados de Usera reclama que no se libere al asesino de su hija
- El expresidente Jose Luis Rodríguez Zapatero medió en la liberación, como Nicolás Maduro reconoció al agradecérselo públicamente
Las familias de las víctimas del triple crimen perpetrado en 2016 en un bufete de abogados del barrio de Usera en Madrid, y el abogado al que el asesino iba realmente a matar, han expresado su consternación por el hecho de que el condenado a 30 años de cárcel por esos hechos haya sido puesto en libertad en un canje entre Venezuela y Estados Unidos, y demandan a España que no lo permita.
El Gobierno de Nicolás Maduro recibió el pasado viernes a 252 venezolanos detenidos desde marzo en El Salvador y accedió a liberar a un grupo de presos políticos y a diez estadounidenses, en un inédito intercambio entre Caracas y Washington, aún sin relaciones diplomáticas, y que tuvo como aliado al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero.
Uno de ellos es Dahud Hanid Ortiz, el exmarine estadounidense condenado por el triple crimen, según han sabido las familias de las víctimas por medios de comunicación estadounidenses que han difundido la citada lista e imágenes de los liberados.
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Los hechos ocurrieron el 22 de junio de 2016, cuando según la Fiscalía el exmarine viajó desde Alemania, donde vivía, a Madrid llevado por los celos y entró en el despacho de abogados de Víctor Joel Salas, en el barrio de Usera, para matarle, al creer que mantenía una relación con su mujer, pero el abogado no estaba.
Mató a las tres personas que encontró -las trabajadoras Elisa Consuegra y Maritza Osorio, ambas de origen cubano, y al cliente Pepe Castillo, ecuatoriano- prendió fuego y huyó, hasta que fue detenido en 2018 en Venezuela, su país de origen.
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Telemadrid ha podido hablar con Juan Carlos Consuegra, padre de una de las asesinadas ese día, que asegura que Dahud Hanid Ortiz, el asesino se encuentra aún retenido en Estados Unidos y pide que siga allí porque no es un preso político.
Sostiene que nadie del Gobierno español, ni del Ministerio de Asuntos Exteriores se ha puesto en contacto con ellos para notificarles nada y afirma con rotundidad que "cuando la política infecta el Derecho, todo es posible".
