El juez Peinado insiste en que un jurado popular juzgue el caso de Begoña Gómez
- Cita a los tres investigados, Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, el próximo 1 de abril, para comunicarles que la causa se enviará a un tribunal de jurado
El juez Juan Carlos Peinado insiste en que un jurado popular asuma el caso de Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, y para ello ha dictado un nuevo auto motivando esta decisión, después de que la Audiencia Provincial de Madrid anulase su primer intento por falta motivación.
En un extenso auto al que ha tenido acceso EFE, el magistrado acumula todo el procedimiento en una sola causa y cita a los tres investigados, Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés, el próximo 1 de abril, miércoles de Semana Santa, para comunicarles que la causa se enviará a un tribunal de jurado.
Es la segunda vez que Peinado fija declaraciones relevantes en el proceso un miércoles santo, después de que el año pasado acudiera a la Moncloa ese día -cuando la causa cumplía justo un año- para tomar declaración como testigo al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. También ha citado en sábado y domingo.
Ahora en su escrito el juez plantea un solo juicio con jurado por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo, apropiación indebida y malversación de fondos públicos.
Peinado da este paso de nuevo después de que la Audiencia de Madrid revocase su decisión anterior y concluyese que la había adoptado sin reunir "indicios concluyentes y consistentes" para hacerlo.
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Ahora, en un auto de 46 páginas, el juez insiste en que el objeto "no es anticipar un hipotético auto de apertura de juicio oral, o de sobreseimiento, sino el de verificar la verosimilitud de los hechos" referidos a malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, que son competencia del tribunal de jurado.
Deja claro que "lo que no ofrece duda alguna, es que la investigada Begoña Gómez Fernández, desde su prevalente posición de esposa del Presidente del Gobierno" realizó actividades "de carácter totalmente privado" y contactó con personas a las que "hace ir" a Moncloa, y sabiendo "del poder que su esposo tiene".
Aquí nombra al empresario Juan Carlos Barrabés -investigado por supuestamente ayudarla y luego conseguir contratos-, y al rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, y pone de relieve que Begoña Gómez les citó "en las dependencias del palacio presidencial, situación escénica que ya puede llegar a intimidar a cualquier ciudadano".
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Además, relata que Begoña Gómez "escribe cartas sugiriendo, directa o indirectamente, la adjudicación de concursos públicos, de contratos de prestación de servicios; se pide y consigue que se cree específicamente, para su dirección, una cátedra extraordinaria, y al amparo de esa situación de capacidad de decisión de su esposo, contrata a su amiga e investigada, María Cristina Álvarez Rodríguez, a la que utiliza no solo para cuestiones protocolarias o institucionales, sino para sus actividades privadas".
Incide en que Gómez consiguió la creación de un sistema operativo o software en la Complutense que trató de inscribir como propio, todo ello "obteniendo fondos, de empresas privadas, que, conocedoras de quien lo solicitaba (esposa del presidente del Gobierno) no dudan en conceder esas ayudas".
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Añade que todo ello fue "con la intensa y permanente ayuda" de su asesora, que la asistía en actividades no relacionadas con su labor oficial.
También detalla cómo la mujer del presidente firmó "documentos técnicos y pliegos vinculados a procedimientos de contratación pública y al desarrollo del software, pese a carecer de habilitación técnica o administrativa para ello".
Una vez dictado este auto es previsible que, de nuevo, las defensas recurran la decisión del juez ante la Audiencia Provincial.
En este caso, al tratarse de una causa sin preso, los magistrados pueden tardar entre 5 y 8 meses en responder, como ya ha ocurrido en este mismo proceso, según explicaron a EFE fuentes jurídicas.
Peinado cumple a finales del próximo mes de septiembre 72 años, que es la edad máxima para ejercer como juez según la ley, de manera que cabría la posibilidad de que tenga que jubilarse antes de poner fin a la instrucción.
