El Tribunal de Cuentas ve la viabilidad de Casa Árabe comprometida y carencias de control

El Tribunal de Cuentas ha realizado una fiscalización a Casa Árabe en la que observa "carencias en el control interno" del consorcio, que también afectan a la contratación, y una situación financiera "crítica" que compromete su viabilidad.

El informe del Tribunal concluye en su informe, correspondiente a los ejercicios 2023 y 2024, que el consorcio “carece formalmente de un sistema completo y estructurado de control interno, lo que afecta de forma transversal a la gestión económico-financiera, la contratación, la organización del personal y la seguridad de la información".

Casa Árabe fue constituida en 2006 tras un convenio entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Agencia Española de Cooperación Internacional, la Comunidad de Madrid y la Junta de Andalucía, del que también formaron parte los ayuntamientos de Madrid y Córdoba.

El Tribunal de Cuentas pone en relieve en el informe la existencia de "resultados negativos recurrentes", cercanos al millón de euros anual, con gastos de gestión ordinaria de 3,2 millones de euros (2023) y 3,3 millones (2024), que han sido compensados -indica- "mediante el uso del remanente de tesorería".

En este contexto, el informe advierte que “la entidad se encuentra en una situación financiera crítica que afecta a su viabilidad, especialmente si se acometen las actuaciones necesarias para la conservación del inmueble de la sede de Madrid". "El Consorcio Casa Árabe no dispone de un documento de seguimiento de las actividades desarrolladas ni de contabilidad analítica para obtener información sobre los costes por actividades, ni de indicadores de gestión con el objetivo de mejorar la calidad de la información contable", sostiene el tribunal.

La fiscalización del tribunal apunta a "debilidades" en materia de personal al carecer de "un instrumento formal que establezca una relación de puestos de trabajo y procedimientos para la provisión de vacantes y selección del personal".

“Siendo ello fuente de numerosas deficiencias e irregularidades en la cobertura de puestos”, apunta en sus conclusiones y zanja: "La contratación menor desarrollada no se ajusta a las obligaciones legales".

Además, subraya que el consorcio no ha recibido "la correspondiente dirección, asistencia técnica y supervisión" del Ministerio de Asuntos Exteriores para "constituir un instrumento eficaz, lo que ha limitado el aprovechamiento de sinergias con otras entidades de la Red de Casas".

Además, recomienda al Ministerio de Asuntos Exteriores que dirige José Manuel Albares que ejerza "plenamente el control de eficacia del consorcio" para que sirva como "instrumento eficaz de la diplomacia pública española".

Asimismo, insta a un estudio de viabilidad financiera riguroso con un plan de contabilidad analítica y a que se elabore un catálogo de puestos de trabajo bien definidos, así como las remuneraciones de personal.

También cree el Tribunal de Cuentas que se debería analizar si las actividades del Centro de Lengua Árabe y el gasto que conllevan "justifican su mantenimiento".

Por otra parte, pese a las carencias e irregularidades el tribunal valora la actitud de la actual dirección orientada a "corregir algunas de las deficiencias detectadas".

La dirección del consorcio sufrió una reestructuración en 2024 tras dejar la exdiputada Irene Lozano su cargo de directora, que ejercía desde 2021, para ser sustituida por el exembajador de España en Kuwait Miguel Moro.