El PP pide al Gobierno aclarar la adjudicación a Huawei por ser "una cuestión de seguridad nacional"

La adjudicación de un contrato con la multinacional china Huawei para la gestión y almacenamiento de escuchas telefónicas judiciales en España enfrenta al Gobierno del socialista Pedro Sánchez y al conservador Partido Popular, líder de la oposición.

En la raíz de esta nueva polémica política en España está un contrato alcanzado por el Ministerio del Interior, que encabeza el ministro Fernando Grande-Marlaska, con Huawei por valor de 12,3 millones de euros.

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular, Alma Ezcurra, ha señalado este martes que el Ejecutivo "va a tener que dar una explicación" sobre las adjudicaciones a Huawei.

Consideró, además, que "ha llegado el momento de decir dónde termina el 'zapaterismo' y dónde comienza el Gobierno de Pedro Sánchez" porque "esto ya no es una cuestión de amiguismo ni de partidismo, es una cuestión de seguridad nacional".

Así lo ha indicado Ezcurra en declaraciones ante los medios, donde ha hecho alusión a que el Ejecutivo ha adjudicado un contrato de 12,3 millones de euros a la compañía Huawei para "la seguridad de las escuchas telefónicas judiciales en curso".

Ha incidido en que se trata de una información "muy sensible" que "afecta a particulares, empresas, representantes públicos" y a "instituciones del Estado".

Asimismo, Ezcurra señaló que Huawei es una empresa "poco fiable" y recordó que "socios internacionales de España nada desdeñables" como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Polonia, Países Bajos han incluido a esta empresa tecnológica "en una lista negra a la hora de guardar su información".

Tras las críticas del PP al Gobierno por la adjudicación de un contrato público con la multinacional china para la gestión y almacenamiento de escuchas telefónicas judiciales por 12,3 millones de euros.

Huawei ha defendido que todos sus productos disponibles en el mercado español cumplen estrictamente con la normativa y ha asegurado que el equipo de almacenamiento contratado por el Gobierno de España sigue los estándares de seguridad y "no tiene acceso a los datos del cliente".