El Gobierno vasco concede el tercer grado a los etarras Olarra Gudiri y Zabalo Beitia

El Gobierno vasco ha concedido el tercer grado a los etarras Juan Antonio Olarra Guridi y Xabier Zabalo Beitia, condenados por "delitos de extrema gravedad", tal y como denunció este jueves el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite).

Critican que a Zabalo Beitia ya le otorgaron ese beneficio penitenciario y fue revocado. Exigen la dimisión de la consejera de Justicia y Derechos Humanos del País Vasco, María Jesús San José.

Juan Antonio Olarra Guridi acumulaba condenas que sumaban más de mil años por delitos de asesinatos, atentados, estragos, lesiones, tenencia de explosivos e integración en banda armada, como el atentado con coche-bomba contra el subsecretario de Política Científica Juan Junquera en Madrid en 2001, que causó 95 heridos.

Covite denuncia que ya disfrutaba desde julio de 2025 de los beneficios del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, "una vía excepcional de flexibilización penitenciaria que el Gobierno vasco ha convertido en la práctica en una antesala del tercer grado para presos de ETA que no cumplen con la legalidad para acceder al tercer grado", señala el colectivo.

De hecho, hace hincapié en que este terrorista sigue siendo "reivindicado públicamente por el entorno de la izquierda abertzale", siendo exhibido en su barrio de San Sebastián como preso político en actos organizados para reclamar su excarcelación.

En el caso de Xabier Zabalo Beitia, el Gobierno vasco le concede un nuevo tercer grado después de que ya se le hubiera concedido anteriormente y fuese revocado, recuerda Covite, quien apunta que fue condenado a 25 años de prisión por delitos terroristas, entre ellos estragos, lesiones, tenencia de armas con fines terroristas y depósito de explosivos con finalidad terrorista. Tras la revocación de su anterior tercer grado, Covite recuerda que la izquierda abertzale se manifestó para protestar por aquella decisión judicial.

Algo esto que afirma "no es un dato menor", sino la "prueba de que estos presos siguen insertos en una red política y social que los reivindica como héroes y que sigue presentando sus condenas como un problema político, no como la consecuencia de rendir cuentas ante la Justicia por sus crímenes terroristas gravísimos", apuntó la presidenta del colectivo, Consuelo Ordóñez.

Vaciar las cárceles

«Lo que estamos viendo es una política deliberada de vaciar las cárceles de presos de ETA", critica Ordóñez, quien carga al mismo tiempo contra la consejera vasca como "la máxima responsable de esta política penitenciaria", a la que exige su dimisión.

De hecho, Covite considera que estas dos nuevas concesiones se producen en un contexto de "creciente desautorización judicial de la política penitenciaria del Gobierno vasco", recordando que el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria ha dejado sin efecto los artículos 100.2 concedidos a los etarras Soledad Iparraguirre, 'Anboto', y Juan Ramón Carasatorre.

Así, insisten en que el Ejecutivo vasco "está forzando la legalidad penitenciaria para facilitar regímenes de semilibertad a presos de ETA sin cumplir de verdad los requisitos legales". Por ello, incide en la dimisión de San José, porque "su política penitenciaria ha sido desautorizada por los tribunales y es un insulto a las víctimas».