Díaz pide a la SEPI que no se use dinero público para pagar los despidos de Telefónica

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha remitido una carta a la presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, para trasladarle su oposición al ERE anunciado por Telefónica, compañía en la que el brazo inversor del Gobierno es accionista de referencia con un 10% del capital social.

Díaz ha expuesto a Gualda que no le parece "correcto" que se usen "recursos públicos, de los españoles y españolas, para despedir "a más de 5.000 trabajadores" en "una empresa que tiene beneficios".

El proceso de ajuste laboral anunciado por Telefónica arrancará de partida en las mesas de negociación con una propuesta total de 6.088 trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE) decidido para siete sociedades de la multinacional.

Esta cifra supone el 35,2% de la plantilla conjunta de 17.248 trabajadores que conforman esas siete filiales: Telefónica España Móviles, Soluciones, Telefónica S.A., Movistar+, Global Solutions e Innovación Digital.

En el anterior ERE de 2024, Telefónica inició las negociaciones con una propuesta de 5.124 marchas en sus tres filiales del CEV, el 31% del total de la plantilla en aquel momento. Tras las negociaciones, esa cifra se rebajó un 33%, hasta las 3.241.

Tras la propuesta de la dirección, comenzarán ahora varias semanas de negociaciones en las diferentes mesas, con la idea de tener cerrado un acuerdo antes de final de año. Los sindicatos han pedido que las salidas sean voluntarias, que los afectados salgan en iguales o mejores condiciones que los que se marcharon en anteriores ajustes y que los ERE lleven aparejada un acuerdo para la renovación de convenios colectivos hasta 2030.