Delegación del Gobierno reforzará la presencia de la Policía en Metro

  • Para velar por la seguridad de usuarios y trabajadores ante la creciente presencia de los grafiteros

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, se ha comprometido a reforzar la presencia de la Unidad Móvil de la Policía Nacional para velar por la seguridad en el metro de Madrid, tras conocerse en las últimas semanas varios ataques de grafiteros.

Esta ha sido una de las conclusiones de una reunión que Rodríguez Uribes ha mantenido con la consejera de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Rosalía Gonzalo, para poner en común las propuestas de las dos administraciones ante las últimas actuaciones de grafiteros registradas en el sistema de transporte público de la región.

Ambos han mostrado su satisfacción por el desarrollo de la reunión en la que la Delegación del Gobierno y la Comunidad de Madrid han sentado las bases para crear una comisión de seguimiento sobre la seguridad en la red del suburbano y las okupaciones de viviendas.

Rodríguez Uribes ha destacado que el metro de Madrid es "uno de los más seguros de Europa", aunque ha reconocido ha habido incidentes en los últimos días desde Halloween protagonizados por los grafiteros, si bien ha señalado que los hurtos -el robo de carteras o móviles- son los delitos fundamentales que se cometen en el suburbano.

Por su parte, Gonzalo ha resaltado que las competencias de seguridad son única y exclusivamente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al tiempo que ha ofrecido su colaboración y ha mostrado su agradecimiento por el compromiso de la Delegación del Gobierno de reforzar el servicio "en nombre de todos los trabajadores de Metro y de los usuarios de la red de transporte".

La Comunidad de Madrid, ha asegurado la consejera, ha aumentado en un 20% el presupuesto en materia de seguridad privada con respecto a años anteriores, prestando una especial atención a las estaciones y talleres, donde se pueden producir este tipo de situaciones. "Es una excelente noticia que las Administraciones nos pongamos a trabajar ante un hecho que ha generado alarma social", ha afirmado Gonzalo.

El delegado del Gobierno en Madrid ha instado a la compañía del suburbano a personarse en las denuncias y en el proceso judicial, con un informe pericial riguroso y exhaustivo, hasta la sentencia para que haya una sanción, que puede ser "un elemento disuasorio importante" para las personas que causan daños en las instalaciones del Metro.

SEIS DETENIDOS EN LOS ÚLTIMOS DÍAS

Los datos de ataques de grafiteros en el suburbano madrileño correspondientes a septiembre y octubre de este año son "mucho mejores" que los de estos mismos meses en 2017, "con muchos más viajeros", según Rodríguez Uribes, quien ha destacado que policialmente se está trabajando "bien".

En los últimos días, seis personas han sido detenidas en dos momentos distintos y la Policía Nacional está trabajando para identificar si hay algún elemento de origen en estos actos vandálicos, ha detallado.

"Tenemos competencias distintas, aunque tenemos una responsabilidad compartida, que es la seguridad de los ciudadanos", ha recalcado el delegado del Gobierno en Madrid, quien ha agregado que "Metro tiene que trabajar en reforzar y mejorar la seguridad de las instalaciones" y la Policía Nacional debe centrarse "en ayudar y detener a las personas que cometen delitos".

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

En el caso de las okupaciones de viviendas, el delegado del Gobierno en Madrid se ha mostrado partidario de que la comisión de seguimiento se extienda al Ayuntamiento de Madrid para que las tres administraciones puedan trabajar de manera coordinada ante este problema.

Ha apostado por un funcionamiento dinámico de la comisión de seguimiento para actualizar las informaciones de las que disponen las dos Administraciones -los informes sociales sobre casos concretos de okupaciones elaborados por la Comunidad de Madrid y la información policial- para "no ser injustos y ser eficientes".

La consejera ha recordado que hay cerca de 2.000 viviendas públicas, propiedad de la Comunidad de Madrid, okupadas frente a más de 5.000 que existen en la región y ha expresado su deseo de que la colaboración entre la Agencia de Vivienda Social y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado permitan que la okupación sea algo menor.

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