El Defensor del Pueblo estudia el recorte de horarios en centros de salud de Madrid

La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública (ADSP), los sindicatos y organizaciones de usuarios han entregado al Defensor del Pueblo una petición para paralizar el recorte del horario de consultas en centros de salud, que se está probando como programa piloto en 14 centros donde las consultas finalizan a las 18.30 horas, y que Sanidad pretende extender a los demás.

"Este programa piloto se está aplicando de manera muy irregular dependiendo de los centros, ya que en algunos hay un 30-40% de la plantilla que no entra en esta iniciativa. Por lo tanto, va a ser de muy complicada valoración", ha dicho el presidente de la ADSP, Marciano Sánchez Bayle, tras registrar el documento conjunto con CCOO, UGT, Facua y CECU.

"Nos dirigimos al Defensor para pedirle que interfiera ante el gobierno de la Comunidad de Madrid para paralizar esta iniciativa que es claramente lesiva para la accesibilidad y la continuidad de los cuidados que son dos pilares básicos de la Atención Primaria", añadió Sánchez Bayle, para quien "se está vulnerando el derecho constitucional a la protección de la salud".

Según los firmantes del escrito al Defensor, el programa piloto busca "un deterioro intencionado del sistema sanitario público para favorecer su privatización", y además se ha puesto en marcha en catorce centros de Atención Primaria "sin el acuerdo mayoritario de los sindicatos de la Mesa sectorial de Sanidad", en concreto con el único apoyo del sindicato de médicos AMYTS.

Para evaluar el pilotaje, "la Consejería de Sanidad ha contratado a encuestadores para recoger lo que opina la ciudadanía del funcionamiento de este recorte horario. Pero se están haciendo las encuestas por la mañana, cuando no ha habido cambio de horario, o en centros donde todavía no se ha aplicado la medida", según Sánchez Bayle.

"Demoras en las citaciones"

El programa piloto, que Sanidad pretende extender a más centros, provocará "más demoras en las citaciones; mayor sobrecarga en las Urgencias de los hospitales; reconversión y reducción de las plantillas de centros de salud; más privatización y desigualdad", ya que quienes tienen recursos económicos buscarán seguros sanitarios privados. Además, habrá una "quiebra de la continuidad longitudinal de la atención al paciente" que no pueda acudir a una cita ordinaria y será atendido como "urgencia sin cita" por otro médico del centro, donde Sanidad prevé que se quede un retén para atender los casos que lleguen después de las 18.30 horas, lo que llevará a una "despersonalización en la atención del paciente".

Los firmantes rechazan la medida que "pone en serio riesgo la accesibilidad de la población y la continuidad de la atención" y profundizará "la descapitalización de la Atención Primaria".

Ante ello, "reclaman 500 profesionales de medicina más y 2.000 de enfermería, además de 600 administrativos"; también piden incrementar los presupuestos de AP en un 15%; establecer un mínimo de 10 minutos por consulta; favorecer la convocatoria de oposiciones para eliminar la temporalidad, entre otras propuestas.