PSOE, Ciudadanos, Más Madrid y Unidas Podemos han sumado sus votos este jueves en el pleno de la Asamblea de Madrid para sacar adelante una proposición no de ley de la formación morada, en la que insta al Gobierno regional a denunciar "los casos de coacciones que se produzcan frente a las clínicas respecto a la interrupción voluntaria del embarazo".
La propuesta, cuyo carácter no es vinculante, exige a la Comunidad que se persone en los procedimientos judiciales derivados de dichas denuncias y "actuar contra el reparto de información falsa sobre los efectos de la interrupción voluntaria del embarazo sobre la salud" para que el derecho al aborto "pueda realizarse en la Sanidad pública".
También reclama que se garantice la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública."El aborto no es un fracaso es un derecho", ha subrayado la diputada de Unidas Podemos Beatriz Gimeno, que ha señalado que la interrupción voluntaria del embarazo está regulado en la Ley 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo "como un derecho vinculado al derecho fundamental del libre desarrollo de la personalidad, del desarrollo de la sexualidad y a la dignidad de la persona".
Gimeno, que ha cifrado en un 25 % el número de embarazos que acaban en aborto, ha emplazado a los poderes públicos a que garanticen que las mujeres puedan ejercer este derecho "libre de presiones" y "sin obstáculos", frente los "grupos antielección" que acuden a las clínicas abortivas.
Según la portavoz, el 90 % de las mujeres que han acudido a abortar a un centro se han sentido acosadas cuando han intentado "introducirlas en furgonetas" utilizando "folletos con informaciones falsas", una práctica que realizaba la parlamentaria de Vox Gádor Joya antes de su llegada a la Asamblea.
La diputada de Más Madrid Alicia Gómez ha afeado a "la derecha demagoga y falsa" que ejerzan "coacciones" en el ejercicio de un derecho. "No cabe que ustedes hagan lo que les dé la gana", ha aseverado Gómez, quien ha insistido que en que no están "contra de la vida" sino en la libertad de elección de cada mujer.
Por parte de Ciudadanos, la diputada Ana García ha explicado que la enmienda presentada por su partido, que pide "reforzar la consideración de delito perseguible de oficio de aquellas conductas que impidan el ejercicio libre" del derecho al aborto, pretende garantizar que la Comunidad pueda personarse en cualquier procedimiento abierto por coacciones.
"El hostigamiento (...) no es información, y menos aún lo es entregar folletos que dicen que una de las secuelas del aborto es el cáncer de mama; con esto no se puede jugar", ha subrayado García.
Desde el PSOE, la diputada Lorena Morales ha recalcado que las instituciones deben dejar de "mirar para otro lado" y "poner todos los medios para acabar" con estas situaciones en las que "atosigan, insultan y dan información falsa" a las mujeres que quieren interrumpir voluntariamente su embarazo.
"Todas las personas tienen derecho a adoptar libremente decisiones que afecten a su salud sexual y reproductiva", ha recordado la parlamentaria, al tiempo que ha apuntado que lo que ha hecho el PP "es enseñar la patita una vez más" al votar junto a Vox.
"Ustedes pretenden criminalizar a todos aquellos que muestran la verdad, porque temen que, si las mujeres y la sociedad en general se dan cuenta de que es mejor dar vida que acabar con ella, muchos vean peligrar sus negocios y sus chiringuitos ideológicos", ha dicho la parlamentaria de Vox Gádor Joya.Joya ha afirmado que la izquierda "no quiere que las mujeres vean" sus ecografías porque si lo hacen "y ven que ahí hay un ser humano, ¿quién querría matarlo?".
"Que el embrión es vida no tiene discusión; que es vida humana, tampoco; ¿qué otro tipo de vida podría ser?", ha insistido, al tiempo que ha defendido el "derecho a la vida" que, según ella, la izquierda "se quiere cargar".
"Doble moral e hipocresía de la iniciativa"
La diputada del PP Almudena Negro ha justificado su rechazo a esta proposición no de ley por la "doble moral e hipocresía" de la iniciativa, que, a su juicio, va "en contra del derecho de manifestación y de reunión", recogido en la Constitución.
"Quieren restringir el derecho de manifestación a los que piensan diferente para que las clínicas sigan haciendo caja", ha sostenido Negro, que ha afeado a Unidas Podemos que base su propuesta en datos ofrecidos por una plataforma "que tiene intereses económicos de clínicas privadas".
En opinión de Negro, que ha remarcado que la Comunidad no puede personarse en estos casos porque crearía "un agravio comparativo", ha criticado que se hable "en nombre de una minoría" con la intención de "colectivizar a las mujeres con fines económicos".
