La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha anunciado que "mañana mismo" pedirá en los tribunales la suspensión cautelar del 'pin parental' en Murcia si el gobierno regional presidido por Fernando López Miras no lo retira a lo largo de este lunes, cuando expira el plazo del requerimiento que el Ministerio remitió hace un mes a la Consejería de Educación de esta comunidad autónoma.
"Aún tiene estas 24 horas para reponer la legalidad. De no ser así, mañana mismo recurriremos por la vía contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia", ha explicado Celaá en una entrevista a La Sexta recogida por Europa Press, donde ha calificado como "sorprendente" que Murcia "no reponga la vulneración del derecho a la educación" que, en opinión de la ministra, representa el 'pin parental'.
Para Celaá, esta medida que permite a los padres vetar la asistencia de sus hijos a actividades complementarias en centros educativos, y que Murcia incluyó en las instrucciones de principios de curso, supone "incorporar una pretensión fundamentalista a un sistema educativo que nunca ha tenido ese problema".
La ministra ha lanzado un mensaje a los docentes que se oponen al 'pin parental', una medida que, según Celaá, coarta su libertad de cátedra. "Los profesores y profesoras pertenecen a los cuerpos estatales y tendrán todo el amparo y protección de este Ministerio ante los tribunales", ha asegurado.
Celaá ha calificado el 'pin parental' como una "objeción de conciencia encubierta no aplicable para nada al terreno de la educación" y una "censura previa" contra "la debida confianza en los docentes" que, además, "vulnera el derecho a la educación del que son titulares los menores".
Murcia no lo retirará
El pasado viernes, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, afirmó que solo retirará el 'pin parental' si así lo determinan las instancias judiciales. "No lo vamos a hacer porque lo dice un gobierno que no cree en lo que nosotros creemos, como es la libertad de los padres y madres", defendió Miras.
Una actitud que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha calificado como "cerrazón política", lo que aboca al Ejecutivo de Pedro Sánchez, en su opinión, a tomar el "camino jurídico" contra el 'pin parental', según ha declarado a los periodistas en un acto celebrado este lunes en Madrid.
"Nos oponemos obviamente a que se ponga en jaque la educación pública, que es la máquina de fabricar igualdad de esta democracia, donde hemos superado la asignatura pendiente del analfabetismo y el atraso de este país. Nadie puede poner eso en jaque y menos recurriendo a elementos que son censura", ha dicho Calvo.
La vicepresidenta también ha pedido "proteger los valores" democráticos y "reconocer el trabajo que han hecho los profesionales de la educación pública" en los últimos 40 años. "Se merecen un respeto en el crédito y la credibilidad de lo que hacen", ha apostillado Calvo.
