Asociaciones de jueces califican de "maquillaje" el plan anticorrupción de Sánchez

La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), María Jesús del Barco, considera que el plan "es maquillaje", explicando que lo que se necesita para luchar contra la corrupción son "medios para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para los jueces y cumplimiento de penas".

"De poco sirve incrementar las penas del Código Penal (CP) si luego van a indultar o amnistiar a los condenados por delitos de malversación, como ha sucedido en el 'procés'".

Por su parte, el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, Sergio Oliva, cree que "no tiene eficacia alguna otorgar preferencia a causas con cargos públicos, dado que las cargas de trabajo actuales apenas permiten salvar la preferencia ya otorgada a presos y menores".

A eso suma que muchas medidas "son redundantes o ya están vigentes", precisando que "la protección a los denunciantes ya está contemplada", "el decomiso de bienes ya es posible" y que "también existen mecanismos para impedir que empresas condenadas por corrupción contraten con la administración".

"En el lado positivo", valora que "se abre una puerta interesante a que la ciudadanía pueda auditar las decisiones automatizadas en la contratación pública" pero afea igualmente que "no se menciona el acceso al código fuente de esas herramientas de inteligencia artificial", ya que en su opinión "sin transparencia tecnológica esa participación puede quedarse en lo superficial".

Fernando Portillo, del Foro Judicial Independiente (FJI), reprocha que se creen "más organismos públicos sin competencias concretas" y que se destaque que las investigaciones penales pasen de jueces a fiscales cuando "todos sabemos que una instrucción dirigida por una Fiscalía dependiente jerárquicamente del fiscal general del Estado nombrado por el Gobierno va a hacer su trabajo en el 98% de los casos muy bien, pero va a arrojar sospechas de eficacia cuando se trate de casos de corrupción que afecten precisamente a ese Gobierno".

Desde Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), su portavoz, Edmundo Rodríguez, estima que "las medidas propuestas hoy por el presidente del Gobierno pueden ser útiles para la lucha contra la corrupción", pero que "precisarán desarrollo, concreción, un amplio debate público y dotación de medios para que la administración de justicia pueda responder con mayor eficacia que en la actualidad".

Así, considera "interesante" que se amplíe el plazo de prescripción para perseguir los delitos de corrupción, si bien subraya que "lo esencial es que, por un lado, se aumenten los plazos máximos de instrucción" y, por otro, "que se fomente una investigación ágil, con equipos multidisciplinares compuestos por fiscales, inspectores de hacienda, expertos y policías, más que especializar los órganos judiciales de enjuiciamiento, que hasta la fecha realizan una labor razonable".

En este sentido, ha propuesto que "no sólo se reintegrara el importe de las mordidas sino el de toda la obra, incluso si se ha realizado, de manera que se sancionara con la pérdida de todo beneficio, así como disponer penas accesorias de prohibición de contratación de obra pública o de obtener subvenciones".

Igualmente, califica de "acertado" que se eleve "la exigencia en las adjudicaciones", "tomando como referencia el modo en que las hace la UE"; que sea la Fiscalía quien compruebe la "verosimilitud" de las acusaciones realizadas por los denunciantes para "evitar que puedan prosperar denuncias falsas"; y que se introduzcan "controles mediante Inteligencia Artificial, como ya hace la inspección de Hacienda".

No obstante, el portavoz de JJpD "echa de menos abordar la cuestión del nombramiento de asesores, que debería regularse con mayor rigor que en la actualidad, pues en los tribunales ya se han detectado casos de asesores que no realizan esa función o trabajan directamente para un partido".